Wanda Vázquez enfrenta la justicia

Por primera vez en la historia del País, un secretario de Justicia en funciones enfrentará cargos criminales. Hoy la relevada titular de ese departamento, Wanda Vázquez, deberá comparecer a la 1:30 p.m. al Tribunal de San Juan, en donde enfrentará los cargos criminales que serán sometidos por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por su presunta intervención en un robo domiciliario cuya víctima fue su hija. El pasado 27 de noviembre el PFEI anunció que los fiscales especiales independientes que estuvieron a cargo de la pesquisa, Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau, determinaron presentar cargos contra Vázquez tras concluir una pesquisa colateral que, según ha trascendido, surgió producto del referido del Departamento de Justicia en relación al caso contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz y el escándalo del chat en WhatsApp. El PFEI ha rechazado revelar en qué consisten los cargos criminales contra la funcionaria. La investigación está relacionada a una querella por presunto trato preferencial hacia uno de los dos acusados en el robo de la casa de su hija. Tayrone Torres Betancourt fue sentenciado a 15 años de prisión, mientras que el otro acusado fue referido a un programa de desvío. El robo ocurrió el 7 de diciembre de 2017 en Gurabo. Querella en La Fortaleza La madre de Torres Betancourt, Nayda Betancourt, acudió a La Fortaleza para denunciar la presunta intervención de Vázquez. La mujer dijo a una emisora radial (NotiUno) que la sentencia impuesta a su hijo fue por instrucciones de la también exprocuradora de las Mujeres. El mismo 27 de noviembre el gobernador Ricardo Rosselló anunció que relevó a Vázquez de sus funciones como secretaria a petición de esta mientras se ventila el caso. El primer ejecutivo nombró a la fiscal general Olga Castellón como secretaria de Justicia interina. La fiscal Castellón dijo hace unas semanas que fue entrevistada en dos ocasiones por los fiscales especiales. En la segunda comparecencia prestó una declaración jurada. Aseguró que le expresó al PFEI que “no se ha cometido ningún delito ni conducta impropia”. Vázquez ha asegurado que no ha incurrido en ningún acto ilegal ni antiético. Afirma que las imputaciones del PFEI son infundadas y producto de una fabricación por parte de personas malintencionadas que buscan desestabilizar sus funciones como secretaria de Justicia y descarrilar investigaciones en curso en la agencia. La funcionaria reconoció hace unas semanas haber estado presente durante una reunión en la que Castellón y los fiscales del caso discutieron el mismo. “De ninguna manera intervine. La fiscal estaba allí, habían citado a los fiscales y como yo no había intervenido en el proceso, ellos venían a presentar el caso a la fiscal Castellón como hacen en muchísimos casos. Yo quería saber cuál era la prueba, ahí no había nada de qué inhibirse”. El pasado 1ro de noviembre la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, recibió un referido de La Fortaleza sobre presuntas violaciones éticas por parte de Vázquez, quien ha acusado a la presidenta de la PFEI, Nydia Cotto Vives, de represalias por haberle cancelado un contrato de asesoría legal con la Procuraduría de las Mujeres mientras era presidenta de ese organismo fiscalizador. Cotto Vives alega que fue ella la que rescindió el contrato. Bajo fuego el juez Díaz Reverón El miércoles fue enviado a la prensa una comunicación del Negociado de la Policía que detalla que el juez del Tribunal de Caguas, Jorge Díaz Reverón, esposo de Vázquez, abordó al agente a cargo de la investigación por el escalamiento en la residencia de su hija. “Este (el juez Díaz Reverón) me preguntó si yo había investigado el caso de hija, refiriéndose a la Sra. Beatriz Díaz Vázquez, quien es hija de la secretaria de Justicia Wanda Vázquez y esposa del juez Díaz Reverón”, señala el agente Javier Marcano, de la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude de Caguas. Según Marcano, el juez Reverón le dijo que “no estoy interviniendo, en eso tengo testigo”, en referencia a las taquígrafas y alguacil presentes. Al lugar se presenció el licenciado Edgar R. Vega Pabón, uno de los abogados que representa a Vázquez. El letrado le preguntó al agente si estaba “dispuesto a declarar en el tribunal y a ser entrevistado por la prensa”, lo que le respondió que tenía que pedir autorización por escrito al comisionado de la Policía, Henry Escalera. A esto, el licenciado contestó que Héctor Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), “no se va a oponer a eso”. Ante estas denuncias, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, ordenó una investigación a la división de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales “con el fin de ponernos en posición de evaluar las acciones que correspondan”. Otra carta por la directora de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Simara E. Torres Ramos, detalla cómo la teniente le solicitó a Marcano que le brindara por escrito una narración de los sucesos para enviarla al capitán Ricardo Haddock Torres, director del CIC de Caguas.