El mordaz y profundo informe —encargado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos— dice que los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes deben rendir cuentas para así brindar justicia a las miles de víctimas y garantizar que dichos crímenes no vuelvan a ocurrir.
Es probable que el informe incremente la presión sobre el gobierno de Maduro, que encabeza un país en ruinas con una inflación galopante, violenta represión y un éxodo de millones de venezolanos que han huido a países vecinos para escapar de la agitación desde que asumió el poder en 2013.
Los expertos dicen que revisaron casi 3.000 y examinaron más de 5.000 asesinatos, y que concluyeron que Maduro y sus ministros de Defensa e Interior tenían conocimiento de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de Venezuela.