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Alcaldes populares y penepés llegaron ayer a La Fortaleza preocupados por la posible pérdida de fondos federales que han sido asignados a los municipios pero que el Departamento de la Vivienda —por varias razones— todavía no ha desembolsado. Estos fondos están destinados a proyectos como reparación de viviendas, pago de amas de llave y reconstrucción de estructuras afectadas por el huracán María en 2017.
Ocho alcaldes se reunieron ayer con la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, para discutir posibles alternativas a la lentitud con que se mueven los fondos federales Community Development Block Grant (CDBG).
Una de las opciones presentadas por los alcaldes es que estos fondos no tengan que pasar por el cedazo de Vivienda antes de llegar a las arcas municipales. Aseguraron que hay una ley (Ley 162) que permite a los ayuntamientos más grandes poder recibir estos dineros.
Varios alcaldes dijeron que la burocracia es en gran parte responsable de lo que ha sucedido con estos fondos. Expusieron que inicialmente los fondos fueron asignados a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), donde se recogió la información necesaria para poder distribuirlos. Pero, la tutela de los fondos luego pasó a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec) antes de pasar a Vivienda. Ahora Vivienda no tiene toda la información que los ejecutivos municipales ya dieron, según explicaron María “Mayita” Meléndez, alcaldesa de Ponce, y el alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, presidente de la Asociación de Alcaldes, entre otros.
“De no lograr el acuerdo a través de Vivienda, esperamos que demos la oportunidad a crear los consorcios y, a través de los consorcios, podamos tener estos fondos”, dijo al salir de la reunión.
“Lo que pasó aquí es que al reducir los costos de (operación) del gobierno central, han creado un disloque porque al día de hoy esos fondos no están disponibles”, agregó.
Al llegar al encuentro, el alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, puso la responsabilidad directamente sobre Vivienda.
“Los fondos de CDBG a municipios de menos de 50,000 están en el Departamento de la Vivienda y mi recomendación es que los saquen de Vivienda. Mi recomendación es buscar una agencia que lo haga más rápido. Tenemos muchos problemas con esos fondos y los municipios de menos de 50,000 personas se han quejado”, dijo Molina. “Son fondos dirigidos a los municipios y esos municipios saben que les toca. ¿Para qué dejarlos en una cuenta? El Departamento de la Vivienda va a manejar muchos fondos. Debe sacar esa partida y dejar que lo maneje otro ente que sea mucho más rápido”, agregó.
Todos los alcaldes que acudieron a la reunión coincidieron en que el sistema podría operar mucho mejor si los fondos se distribuyen a través de OCAM en vez de Vivienda.
Los fondos CDBG que requieren 40 municipios con menos de 50,000 habitantes —sin contar los de recuperación— suman unos $25 millones. Los fondos de recuperación son cerca de $20,000 millones.
Entre los municipios que acudieron a la reunión están los populares de Villalba, San Lorenzo, Yabucoa y Caguas. Los municipios novoprogresistas que acudieron a la reunión ayer fueron Arecibo, Ponce, Gurabo y Toa Baja.
Reacciona Vivienda
El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, dijo que esta agencia fue la designada por Vivienda federal (HUD) como la responsable de administrar estos fondos.
“La administración de estos fondos tiene que ser a través del DV según lo ha determinado HUD para garantizar que los procesos se desarrollen acorde a los parámetros y guías federales establecidas”, dijo en declaraciones escritas.
El Departamento de la Vivienda “ha cumplido a cabalidad con todas las fechas y requisitos establecidos por HUD. Al momento nos encontramos esperando por la firma del Grant Agreement, lo cual dará paso al desembolso del segundo ‘tranche’ y el comienzo de algunos de los programas que contiene el Plan de Acción enmendado”, agregó el funcionario.
Se reunirían con Gil Enseñat
Al concluir la reunión, Molina dijo que Laboy se reunirá ahora con el secretario de la Vivienda y añadió que harán un grupo de trabajo para discutir el tema. Esto, además de viajes a la capital federal para insistir en la liberación de los fondos para la recuperación.
Bernardo Márquez, alcalde de Toa Baja, mencionó que con este viaje pretenden además asegurar que los fondos destinados para Puerto Rico no tomen otro rumbo. El posible impacto del huracán Dorian a la costa de Florida podría implicar un desvío de estos fondos ya asignados, dijo.
“¿Qué implicación tiene eso con los fondos de Puerto Rico? Eso no lo sabemos. Es un elemento de incertidumbre y no podemos estar en incertidumbre”, afirmó.
FUENTE: elvocero.com
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