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En un acto emotivo, el presidente de Colombia Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, se disculparon con los familiares de las 6.402 víctimas que fueron asesinadas por las Fuerzas Militares y falsamente presentadas como combatientes, durante el conflicto armado en el país.
Jacqueline Castillo, vocera de Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), habla con más tranquilidad que antes. Pero esto no quiere decir que el dolor se haya ido, ni mucho menos. Solo que su lucha, y la de más familiares, empezó a obtener respuestas, y con las respuestas algunos culpables de las ejecuciones extrajudiciales que vivió Colombia entre 2004 y 2010, jóvenes de bajos recursos engañados con propuestas de trabajo y que fueron asesinados por el Ejército y mostrados como guerrilleros dados de baja en combate.
A esta práctica, que ocurrió en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se le conoce como falsos positivos, la orden de los altos mandos militares por obtener resultados, a toda costa, en el campo de batalla. Por estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que nació del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC (2016), ha realizado varias audiencias en las que militares, de todos los rangos, confesaron sus crímenes.
Jacqueline es hermana de Jaime, un hombre que limpiaba los vidrios de los carros en el norte de Bogotá, desaparecido el 10 de agosto de 2008 y reportado como un guerrillero muerto dos días después en Ocaña, Norte de Santander (nororiente del país).
"Estamos dispuestas a perdonar, a reconstruir el tejido social y a avanzar para dejarle un mejor futuro a los jóvenes que vienen. Pero, ojo, esto nunca se puede olvidar", afirma.
FUENTE: Sputnik
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