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Este acuerdo no solo busca un marco regulatorio que ofrezca garantías para unos comicios libres e independientes con observación internacional y la participación de los más de 7 millones de venezolanos que se encuentran en el exilio, sino también desbloquear ciertas tensiones entre ambos bandos. Sugiere, además, que las elecciones se convocarán respetando el cronograma constitucional, que establece diciembre como el mes idóneo para llevarlas a cabo.
Tras las negociaciones en Barbados, el chavismo sólo mostró algunos signos de “buena voluntad” al no boicotear la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, que luego el Tribunal Supremo de Justicia a través de una sentencia anuló.
La dictadura venezolana también accedió a un mecanismo para revisar las inhabilitaciones políticas de candidatos opositores, no obstante, esto no es garantía para que el máximo tribunal del país, cuestionado por su falta de independencia, haga justicia y anule las medidas que pesan sobre algunos representantes opositores.
Adicionalmente, el régimen permitió la entrada al país de delegados del Centro Carter para evaluar la posibilidad de una observación internacional, pero rechazó la presencia de la misión de la Unión Europea.
FUENTE: INFOBAE
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