La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada distribuirá los fondos a municipios y centros de actividades para beneficiar a personas de 60 años o más
Los fondos provienen de una asignación inicial de $250 millones que distribuyó, la semana pasada, el Departamento de Salud federal a través de la Administración de Vida en Comunidad (ACL). Esa asignación, a su vez, es parte de los fondos que se hicieron disponibles con la aprobación, el pasado 18 de marzo, de la Ley federal de Respuesta al coronavirus las Familias Primero. No obstante, la nueva ley -aprobada el pasado viernes- incluye una asignación de fondos adicionales para alimentos y otros programas de ayuda a los adultos mayores que también deben significar dinero adicional para Puerto Rico.
El dinero para proveer alimentos a los adultos mayores le llegó a la Oppea porque es la agencia estatal encargada de implantar la Ley para Americanos Ancianos (Older Americans Act).
La procuradora Carmen Delia Sánchez explicó que su agencia recibió los fondos, el pasado lunes, y que determinó comprar los alimentos al por mayor para distribuirlos a municipios y centros de actividades (conocidos como centros de envejecientes), siguiendo el modelo que usó en algún momento luego del huracán María, por entender que la ayuda llega más rápidamente. Los centros y municipios pueden determinar si entregan comida caliente o si distribuyen compras.
En la isla hay 130 centros de actividades para adultos mayores, que les sirven comida a sus participantes y les llevan alimentos al hogar a otras personas que no pueden llegar a sus instalaciones. Algunos centros son privados y otros son administrados por municipios. De ordinario, le presentan propuestas a la Oppea y reciben fondos para comprar los alimentos que sirven diariamente, adquirir equipo de cocina y pagar empleados, entre otras partidas.
“Cuando hay situaciones de emergencia como ahora, se llega a otros participantes que no necesariamente están en los centros. Por eso hay más dinero. Esta ayuda es para personas de 60 años en adelante y, aunque se incluye el criterio de necesidad económica, no se discrimina si la persona tiene ingresos suficientes”, sostuvo Sánchez.
En el presente año fiscal, la Oppea tiene cerca de $3 millones asignados para servicios de comidas al hogar y los centros de actividades. Con esos fondos, se proyectaba asistir a 17,000 personas y con los fondos adicionales que recibieron ahora esperan duplicar esa cantidad para llegar a cerca de 34,000 adultos mayores, le dijo la procuradora a El Nuevo Día.
Indicó que su oficina corroboró que todos los centros de actividades para adultos mayores están distribuyendo comidas o compras, excepto uno pequeño de Ponce, cuya administradora está enferma.
“Vamos a hacer esta compra inicial para, por lo menos, un mes para enviarla a los centros o municipios que los administran. Eso incluye platos y cubiertos desechables para enviar los alimentos, así como materiales de limpieza. Esta iniciativa fue bien acogida entre las personas con las que consultamos. Antes de que termine el primer mes, se dará una ronda nuevamente para ver qué necesitan”, sostuvo Sánchez.
La Oppea podría recibir más fondos para la compra de alimentos y otros servicios como resultado de la ley firmada el viernes por el gobierno de Estados Unidos, que asciende a $2.2 billones. La misma incluye $480 millones adicionales para alimentos destinados a adultos mayores, $200 millones más para servicios de apoyo, $100 millones para servicios de apoyo a cuidadores y $20 millones más para servicios de protección y defensa relacionados con los derechos de mayores.
Protección de los derechos
Por otro lado, la procuradora indicó que el cuadro telefónico de su agencia no está funcionando, pero el personal de su agencia que trabaja con las querellas por maltrato, abuso y negligencia, entre otras, continúa laborando a distancia. Reciben y atienden querellas que les refieren los centros judiciales y agencias, como el Departamento de la Familia.
Por ello, instó a las personas que necesiten presentar querellas por violaciones de derechos a los adultos mayores a hacerlo a través de esas instituciones. En el caso de Familia, indicó que pueden llamar al teléfono de emergencias sociales, 1-800-981-8333. Recordó que las personas también pueden llamar a la Línea PAS, 1-800-981-0023.
Asimismo, están disponibles los servicios del Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) a través del 787-999-9545. La abogada Irma Rosado del Río recordó que el CIAV ofrece asesoría legal en casos de maltrato físico y emocional, abandono, violencia doméstica, explotación financiera y otros, para toda la población incluidos los adultos mayores.
Rosado indicó que está disponible no solo para ofrecer el servicio, sino para acompañar por teléfono a cualquier persona que necesite acudir al tribunal y no tenga quien lo acompañe. Recordó que la Rama Judicial extendió el período de las órdenes de protección exparte (que se otorgan en ausencia del victimario) con fecha de expiración entre el 16 de marzo y el 12 de abril. Oficiales de los tribunales están llamando a esas personas para notificarles la extensión.
De otra parte, el Centro de Ayuda al Adulto Mayor Víctima del Crimen (CAE) también sigue ofreciendo ayuda a personas mayores de 60 años a través del número (787) 774-3344 y la página cae@chsc-pr.org. La organización, que inició operaciones en noviembre, ofrece ayuda en casos de negligencia, abandono y explotación financiera. Cuenta con manejadores de caso, trabajadores sociales y abogados, y evalúan las solicitudes en 24 horas, según Begoña Rivera, directora de la organización.
CAE es una organización sin fines de lucro que es parte de Comprehensive Human Services (antes Correctional Health Services Corporation) y ofrece servicios para residentes de San Juan,Carolina, Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, Cataño y Toa Baja.
Fuente: elnuevodia.com
