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Los puertorriqueños que confiaron e invirtieron todos sus ahorros en bonos del gobierno de Puerto Rico son los más afectados y vulnerables con la determinación de pedir la quiebra bajo Título III de la Ley Promesa, dada la presión creada por las determinaciones de la Junta Federal de Control Fiscal, acusó hoy la organización Bonistas del Patio.
La organización representa a más de 60,000 ahorristas puertorriqueños a los que el gobierno les adeuda sobre 15,000 millones del total de la deuda pública y son los que menos representación tendrán en la reestructuración que serán negociadas en el Tribunal Federal debido a los altos costos que este foro supone para poder defender sus intereses.
“La solicitud para Título III hecha hoy por el gobernador Ricardo Rosselló, es un resultado que se pudo haber evitado si la Junta de Supervisión Fiscal no hubiera ahorcado las negociaciones, al destinar un pago ínfimo a los acreedores de 787 millones o sólo el 24% de lo que se debe en promedio anual, y no querer ordenar el mismo de acuerdo a la jerarquía legal de cada emisor. Al hacer esto, la Junta Fiscal sabía que provocaría la lluvia de demandas que estamos viendo y el Titulo III resultaría inevitable”, sostuvo Rafael Rojo, presidente de la junta de directores de los Bonistas del Patio.
Agregó que “esta vía es altamente desventajosa para los bonistas locales más vulnerables y las cooperativas de la isla, y la misma sólo se cura proveyendo una solución que haga justicia y mitigue el impacto severo de las pérdidas que recibirán miles de puertorriqueños que depositaron sus ahorros en bonos del Gobierno de Puerto Rico. Esa justicia al bonista local ha sido prometida por el Gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos, y nos sentimos confiados que honrarán sus palabras”.
FUENTE: elvocero.com
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