El gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer que publicarán las solicitudes de credenciales a las compañías interesadas en operar y dar mantenimiento a los aeropuertos regionales de Isla Grande, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Vieques, Culebra y el aeropuerto que se encuentra en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.

El control de las tarifas seguiría estando en manos del gobierno, según afirmó. Rosselló reconoció que el interés mayor está en los aeropuertos de Ponce y Aguadilla, los únicos con capacidad para recibir aviones grandes de más de 30 pasajeros. Aun así, la administración Rosselló insiste en que la alianza pública privada (APP) será para que una sola empresa administre las instalaciones.

“Esto nos va a permitir tener una operación más estandarizada a través de los nueve aeropuertos, reducir los gastos de operación en la Autoridad de los Puertos y potenciar el desarrollo económico en algunas de estas áreas”, afirmó Rosselló. Explicó que esta APP se establecerá con un contrato por siete años.

El director de Puertos y secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, reconoció que privatizar solo Ponce y Aguadilla “nos deja huérfanos a los otros siete aeropuertos regionales, que son importantes para poder convertir a Puerto Rico en el conector de las Américas”.

El gobernador hizo el anuncio ante varios periodistas en La Fortaleza, justo el mismo día en que el gobierno de Brasil anunció que espera poner en manos privadas 12 aeropuertos en ese país sudamericano.

Incierto el impacto económico

No se precisó ayer cuál sería el impacto económico de esta transacción pues, dijo el gobernador, hay que esperar las propuestas que lleguen antes de hacer este cálculo. Actualmente, se indicó, el gasto del gobierno en la operación de estos nueve aeropuertos sobrepasa los $11 millones.

“Es un primer paso que busca —a través de una contratación a corto o mediano plazo— optimizar activos de forma tal que podamos estar en posición de lograr una concesión con alcance mayor, y transfiriendo riesgos adicionales al sector privado”, expresó Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Publico Privadas (AAPP).

La expectativa aquí es que el nuevo operador pueda atender asuntos como la seguridad, el mantenimiento y las operaciones. Según relató Maceira, hay “elementos básicos” de la seguridad que el gobierno no ha podido atender, como “el control de ‘wild life’ (vida silvestre) en dos aeropuertos que presentaron problemas con caballos”.

Habló de la burocracia gubernamental como uno de los problemas que se resolverá al colocar los aeropuertos en manos privadas. El ejemplo que presentó fue que cuando tuvieron que reemplazar acondicionadores de aire en el aeropuerto de Ponce, hicieron la requisición en enero de 2018 y los pudieron instalar en enero de 2019.

Según explicó, la compensación al operador de los nueve aeropuertos podría hacerse a base del desempeño, con incentivos atados al tráfico que haya de pasajeros y con penalidades si no se cumple con estas expectativas.

“En el área de puertos, retendríamos titularidad, fiscalización, presupuesto operacional, el control de tarifas y los costos asociados con la operación portuaria permanecerán en la Autoridad de Puertos”, afirmó Maceira.

Aseguró que los empleados que trabajan en estos aeropuertos seguirán como empleados públicos, ya sea en estos aeropuertos o en otras áreas del gobierno mediante el programa de Empleador Único, el cual permite mover trabajadores entre agencias.

Cero despidos

“Hay una política de cero despidos. Al igual que las APP del muelle de cruceros, los empleados podrían ser contratados por entes privados y es parte de lo que nos aseguraremos. Pero existe la Ley de Empleador Único, donde se pueden mover a otras agencias”, expresó el funcionario.

Maceira comparó este proceso con la transacción que se hizo con Aerostar, privatizadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“En el Muñoz Marín se transfirió todo, excepto la titularidad y poder fiscalizar el contrato. Pero todo se traspasó a Aerostar. Esta es una de las grandes diferencias de este modelo”, dijo, al asegurar que la transacción ha sido discutida con la Administración Federal de Aviación, pero no tiene que contar con un aval de ese organismo.

Fuente: elvocero.com

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