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El Colegio de Abogados, junto a un grupo de letrados individuales, incoaron una demanda en el Tribunal Federal contra el Tribunal Supremo de Puerto Rico para impugnar la constitucionalidad del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, que obliga a los licenciados a proporcionar 30 horas de servicios legales gratuitos anualmente a ciudadanos indigentes tanto en casos criminales como civiles.
El recurso legal, radicado por el abogado Guillermo Ramos Luiña, alega que el reglamento constituye una privación de libertad sin el debido proceso, vaguedad, violaciones a la Igual Protección de las leyes y viola el derecho de los demandantes individuales a ganarse la vida a través de la práctica de la profesión legal lo que constituye la toma de su propiedad privada.
Expone que los abogados en la práctica privada son la única clase de profesionales que en virtud del Reglamento, están obligados a realizar servicios sin compensación mientras que ningún otro profesional, como reporteros de tribunales, el personal del tribunal y testigos expertos, están obligados a proporcionar sus bienes o servicios a los necesitados de forma gratuita.
Los demandantes piden a la Corte Federal que emita medidas cautelares que impidan que el Reglamento entre en vigencia el 1 de enero de 2020; que prohíba a los demandados a tomar cualquier medida cautelar para implantarlo y eximir a los demandantes individuales de tener que presentar el formulario electrónico y prestar servicios pro bono obligatorios.
De igual forma, plantean que el Tribunal Supremo no encomendó un estudio económico para medir y corroborar la adecuación y razonabilidad de las tarifas establecidas en el reglamento, previo a su aprobación.
FUENTE: elvoero.com
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