Más aún, todos los empleados que han testificado, incluyendo los que lo hicieron hoy, aseguran que se les dio a firmar, sin oportunidad para leer y sin que nadie les explicara de qué se trataba, un documento conocido como WH-58, que era parte de las exigencias del acuerdo con el Departamento del Trabajo federal. Ese documento debía ser enviado a esa agencia con la firma del empleado y el empleador una vez se entregaba el cheque.
El documento explica las razones de ese pago por las horas voluntarias no remuneradas y, además, establece que no se puede tomar represalias contra el empleado.
Una de los testigos, la joven no vidente Melanie González Feliciano, al igual que todos los demás, indicó que se le entregó el cheque del acuerdo, sin explicarle que era por ese concepto, y además firmó el documento WH-58 sin que se le leyera o explicara de qué se trataba.
Según González Feliciano, trabajadora del cuadro telefónico, cuando Nazario le entregó personalmente el cheque, le dijo “que era una nómina especial, que me estaba pagando por adelantado unas quincenas”.
Luego de entregarle ese cheque por las horas voluntarias, según el acuerdo con el Departamento del Trabajo federal, González no volvió a recibir un pago de salario por unos tres meses.
La abogada María Domínguez, quien conforma la defensa de Nazario junto a Edgar Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu, usó su turno para llevar a González a admitir que, antes de los hechos, Nazario había mostrado generosidad hacia ella, ofreciéndole empleo en el municipio luego de que se graduara de escuela superior, acudiendo a su graduación y hasta ofreciéndole un bono que dijo fue de $1,000, aunque la testigo no confirmó la cifra.
A preguntas de la abogada, la testigo admitió que, en algún momento, solicitó flexibilidad para seguir estudiando y se le concedió, y también solicitó más horas y una posición permanente para poder tener plan médico, lo que también fue eventualmente atendido.
Sin embargo, la joven fue enfática en que el Municipio de Yauco le debe dinero por su trabajo.
El fiscal Anderson además contraatacó, al abordar el tema de la permanencia, a lo que la testigo respondió que Nazario le dijo “solo después del cheque (del acuerdo con el Departamento del Trabajo federal) me podía dar la permanencia… si lo ayudaba un poco”.
Por su parte, el empleado de manejo de emergencias Antonio Fernando Irizarry Torres contó que recibió el cheque del acuerdo con el Departamento del Trabajo federal de manos de Nazario luego de las vacaciones de Navidad d 2015, período en que él continuó laborando junto con otros empleados de emergencias.
Aseguró que, como era empleado por contrato, asumió que era para pagarle por ese período de fin de año trabajado, de manera que cuando Nazario le preguntó cuánto le debían, él dijo la cantidad correspondiente a su quincena regular, que era alrededor de $500.
“Él (Nazario) me puso el cheque en el escritorio (por $2,452.42), no en la mano. Y me dijo que era para ayudarme. Yo le dije que no podía aceptar esa cantidad, porque iba a gastarlo y me iba a quedar sin nada. Pero me dijo que ya se había sacado el seguro social y todas esas cosas y no podía hacer otro cheque. Que fuera al banco y cogiera mi parte y le diera el resto. Y que eso era hasta mayo”, relató.
“Cogí mi parte y le devolví la diferencia. Ese el acuerdo mutuo a que llegamos. Hice como él me dijo. Y el resto se lo traje a su oficina, para que él me fuera pagando los meses de febrero a mayo. Solo quería recibir lo que se me debía por mi paga mensual, y no como si fuera un préstamo”, afirmó.
Sostuvo, además, que nunca le explicaron que el cheque era por las horas voluntarias.
Al mostrarle el WH-58, Irizarry fue categórico en que ese documento nunca lo había visto en su vida. “Lo veo ahora por primera vez”, expresó.
“La firma se parecería a la mía. Pero la compara con la del cheque y es muy diferente. La ‘T’ no la hago así, y la única letra que hago grandees la ‘A’, y no las otras como una escalera”, describió, haciendo entender que la firma en el documento era falsa.
Pero las evidencias contra Nazario no quedaron ahí, pues también se mostró un cheque personal que emitió a favor de Irizarry por $268, “porque, en una quincena, se quedó corto de ‘cash’, y me dio el cheque para cubrir”.
También, se mostró otro documento, un papel que indicaba que se le ofrecería un puesto permanente a Irizarry luego de cumplir con las horas de trabajo que equivaldrían al cheque grande. “Me dijo que cuando termináramos el acuerdo y cumpliera los meses, que lo llevara a Recursos Humanos y me harían permanente”.
Sin embargo, el contrato que le ofrecieron luego fue bajo la categoría de probatoria, y al día de hoy no le han extendido otro.
En el contrainterrogatorio, a pesar de los esfuerzos de la defensa, no consiguieron mostrar contradicción en el testimonio de Irizarry.
Al preguntarle sobre el WH-58, Irizarry le reiteró al abogado Vega que no había visto nunca el documento, y abundó que “esa fecha no puede ser, porque estaba de vacaciones, y no podía estar en otro lugar y firmando eso”.
“¿No recuerda entonces el día que recibió el cheque?”, indagó el abogado.
“Sí. Como dije antes, fue el día que lo cambié en el banco porque no quería andar con ese cheque grande por ahí y que se me perdiera”, afirmó el testigo.
En otro momento, al referirse al cheque personal que emitió Nazario, Vega le preguntó si nunca le había pedido dinero al alcalde.
“No. Eso no se puede hacer en el gobierno. Si necesitaba algo, le pedía a un pariente y se lo devolvía en cuanto cobraba. Eso nunca pasó, ni pasará”, afirmó Irizarry.
“¿O sea que ese cheque no fue un préstamo?”, insistió Vega.
“No. Eso era mi sueldo, y si se fija, coincide con mi paga quincenal”, reiteró el testigo.
“Usted alega que le pagó en efectivo cada quincena”, volvió a la carga el abogado.
“No lo alego. Ocurrió así”, ripostó el testigo.
El juicio continúa mañana, viernes, en la corte federal en San Juan.
FUENTE: elnuevodia.com