Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
Washington - La propuesta que impondría, por vez primera en un siglo, un arancel sobre productos que se importan desde Puerto Rico hacia Estados Unidos y que el sector privado tema que entierre la economía puertorriqueña, quedó aprobada ayer en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja federal.
Mientras el Comité de Medios y Arbitrios echaba hacia adelante el propuesto arancel de 20% en las importaciones a Puerto Rico, como parte del proyecto de reforma contributiva federal, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch, divulgó anoche su medida.
Aunque el proyecto no incluye el mismo tiempo de impuesto (excise tax) que impulsan los republicanos de la Cámara baja, la legislación del Senado propone nuevas contribuciones sobre activos intangibles de las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs), según una fuente que empezaba a analizar el documento.
La aprobación de la medida en comisión en la Cámara baja –en votación partidista, 24 republicanos a favor y16 demócratas en contra– supone que las autoridades y el sector privado deberán buscar una tabla de salvación en el Comité de Reglas o apostar a mejorar la versión del Senado.
“Tomamos otro paso crítico para brindar un alivio real al pueblo estadounidense”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan (Wisconsin).
La oficina del gobernador de Puerto Rico, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, la Asociación de Industriales y corporaciones en Puerto Rico han presionado en contra del propuesto arancel.
Desde que era candidato a la Casa Blanca, Trump ha insistido en incentivar la manufactura en Estados Unidos. “Esta es la primera etapa del proceso. Todavía se están sacando números. Están conscientes de que tienen que crear incentivos para Puerto Rico”, dijo la comisionada González, tras la votación de ayer.
La comisionada González sostuvo que el debate debe terminar en un comité de conferencia de ambas cámaras legislativas en diciembre, donde buscarán armonizar los proyectos de ley, que desde ayer mismo son diferentes.
Como parte del plan que circula por el Congreso, el gobernador Ricardo Rosselló quiere excluir a las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs) en la isla del impuesto de hasta 14% en la repatriación de ganancias foráneas acumuladas desde 1986.
Con el visto bueno de la Asociación de Industriales, elgobierno de Rosselló quiere también dejar en cero el impuesto mínimo global de 10% que establece la legislación cameral.
En la Cámara baja, la comisionada González persigue que se aprueben créditos que tomen en cuenta la creación de empleos, sea por un mecanismo parecido al de la antigua sección 30 A del Código de Rentas Internas federal o programas como las zonas de desarrollo para jurisdicciones afligidas económicamente.
También ha pedido la plena inclusión de Puerto Rico en los créditos federales por ingresos devengados (EITC) –que suele ser rechazado por los republicanos– y en el crédito por niños dependientes (CTC), que tiene una vigencia limitada en la isla.
Bajo el plan del Senado y la Cámara baja, el crédito CTC aumentaría a $1,650 o $1,600 por dependiente, respectivamente.
“Todo eso está en discusión y esas fueron las palabras del presidente del comité (Kevin Brady)”, dijo la comisionada González.
Pero, la principal atención está en lograr –sea cuando se discutan las reglas de debate o en el hemiciclo cameral– excluir a Puerto Rico del impuesto sobre las importaciones de 20%.
“Los demás asuntos son aderezo en comparación con el destructivo impacto del impuesto sobre las importaciones”, indicó el excongresista republicano Jerry Weller, cabildero de la Asociación de Industriales y quien fue miembro del Comité de Medios y Arbitrios. Weller dijo que “nunca en 100 años los productos hechos en Puerto Rico se han enfrentado a un impuesto en la frontera”.
“Lo más importante es excluir a Puerto Rico de ese impuesto”, reconoció el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Carlos Mercader.
La presión de las autoridades de la isla y el sector privado en torno a la reforma contributiva federal ha generado pugnas entre la comisionada González y representantes del gobernador.
En un tuit enviado el martes, la comisionada González acusó al principal cabildero del gobierno de Puerto Rico, Manuel Ortiz, de dar “información incorrecta sobre mi lucha por la inclusión de Puerto Rico en la reforma” y dijo que mientras estaba en la audiencia del Comité de Recursos Naturales el consultor creaba “diferencias entre el gobernador y yo en nuestra lucha por proteger Puerto Rico”.
Para la comisionada González, las propuestas suyas “están en la plataforma del Partido Nuevo Progresista” y dijo que quiere mantener la competitividad de las CFCs en Puerto Rico frente a otras jurisdicciones consideradas foráneas para fines de la tributación federal, pero por otro camino.
González dijo que busca también proteger los beneficios de las CFCs.
La comisionada mantuvo que ha defendido el concepto de las foráneas en sus reuniones con el speaker Ryan, el congresista Brady y el presidente del subcomité de Política Pública Contributiva, Peter Roskam.
Previamente, el Comité había eliminado otro lenguaje que hubiese impedido otorgar créditos federales para arbitrios como el que impone la Ley 154 de 2010 sobre las ventas en EE.UU. de las CFCs de Puerto Rico, que recauda cerca de $1,900 millones anuales (más del 20%) para el presupuesto de la isla.
Para todos los efectos, la propuesta del gobierno de Ricardo Rosselló privilegiaría a Puerto Rico, en términos contributivos federales, frente a los estados y otras jurisdicciones que, como la isla, son consideradas extranjeras. La intención, según Mercader, es que se reconozca que “no es ingreso generado en una jurisdicción foránea sino doméstica”.
Mercader, por su parte, explicó que para solicitar la exención en el impuesto de repatriación, la propuesta del gobierno mantiene que cualquier compañía tiene que permanecer en Puerto Rico por los ocho años que establece ese apartado de la legislación y mantener el 50% de sus negocios, incluidas sus patentes, en la isla.
“No nos engañemos, recuerda a las 936”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, quien tomó un turno en el hemiciclo en San Juan para cuestionar “la pugna entre el gobernador y la comisionada”.
Para Hernández, como trasfondo está el debate interno en el PNP sobre la estadidad . “En esta pelea política entre la comisionada residente y el gobernador van a hundir al país”, dijo.
La legislación cameral ya permitía extender hasta 2022 el aumento en el arbitrio al ron importado, retroactivo a enero. También hace vigente durante 2017 la reducción de 35% a 32% en la tasa tributaria para empresas estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico como compañías domésticas de EE.UU.
FUENTE: elnuevodia.com
Suscribite a nuestro Newsletter