Congresistas del sur de Florida exigen prohibir el ingreso de represores cubanos a EEUU

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez expresaron este jueves su “indignación” sobre la posible entrada legal en territorio estadounidense de la exfiscal del régimen comunista cubano Rosabel Roca Sampedro, a quien responsabilizan “por el injusto encarcelamiento de manifestantes” del alzamiento popular del 11 de julio de 2021 en la isla. “Ella y operativos del régimen son responsables por el injusto encarcelamiento de manifestantes del #J11 y representan una amenaza para nuestra seguridad nacional”, afirman los congresistas de origen cubano en una misiva divulgada hoy. La carta va dirigida al Secretario de Estado Antony Blinken y al titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Citando un reporte publicado en el sitio digital \"martinoticias.com\", de Radio y TV Martí, los congresistas detallan que Roca Sampedro fue fiscal en la provincia de Camagüey, en Cuba, donde tuvo una relación directa con el envío a la cárcel de al menos cuatro “individuos inocentes” por las protestas del 11J, cuyas penas impuestas por el castrismo alcanzaron hasta 20 años de prisión. En su función de fiscal, explica la carta, Roca Sampedro desempeñó un “activo rol” en la violación de los derechos humanos. Ella actuó como fiscal en la causa número 26 de 2022, del Tribunal Municipal de Camagüey, en la que fueron sentenciados Adrián Quesada Flores, Geovanis Sepúlveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez, a penas desde tres años a cuatro años y cuatro meses de prisión. La fiscal abandonó Cuba con su hija y ahora intenta solicitar asilo político en la frontera de México con Estados Unidos a través de la aplicación CBPOne. Según reportes recientes, se encuentra en México y ya pidió una cita en la aplicación, no sin antes borrar un perfil en sus redes sociales donde mostraba su cercanía con el régimen cubano, mientras espera su entrevista. Roca Sampedro, de 42 años, sería la segunda ex funcionaria judicial del régimen cubano que busca asilo político en EE.UU. en poco más de un mes. “Los violadores de derechos humanos no deben recibir el beneficio de entrada a EE.UU. mientras que inocentes manifestantes del J11 languidecen en las cárceles cubanas”, escribió Díaz-Balart en la red social X. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles en decenas de ciudades para protestar, en cantidades no vistas en décadas. Las protestas respondieron no solo a la escasez de alimentos, artículos de higiene personal y medicinas, los constantes apagones y la falta de electricidad, sino también a las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno para “controlar” la transmisión de Covid-19, y a la histórica política de represión del Estado, que ha violado la libertad de expresión y de reunión pacífica durante años. A pesar de que las manifestaciones fueron pacíficas, las autoridades respondieron con represión y criminalización, en diversos grados, contra casi todas las personas que se encontraron protestando. Según la organización Amnistía Internacional, “las protestas fueron un grito desesperado de cambio en el país”.

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