En estos días una comisión de la Dirección Provincial de Salud en Guantánamo, por indicaciones del Ministerio del sector, está visitando los hogares donde residen familiares de los médicos que han optado por establecerse en el extranjero para comunicarles mediante un documento fotocopiado, sin cuño oficial y firmado por Benavides Enrique Pupo Durán, Presidente de la Comisión Provincial, que se ha decidido solicitar su inhabilitación para que no puedan ejercer la medicina en Cuba. Las fuentes consultadas permanecen en el anonimato.
Obviamente dicha determinación no afectará a los galenos y demás profesionales de la salud que han logrado revalidar sus títulos y están ejerciendo su profesión en otros países, pero perjudicará a quienes no lo han hecho aún y necesiten solicitar documentos a las autoridades cubanas para poder ejercer en el extranjero. También perjudicará a quienes han salido para trabajar y desean regresar antes de los dos años con una suma de dinero que aquí no lograrán obtener ni en 20 años de trabajo.
¿Por qué es ilegal esta decisión?
La lógica indica que si un gobierno proclama una Constitución, se erija en su principal guardián y que su poder ejecutivo sea el que más la respete. Pero esa lógica funciona en los países normales, no en Cuba.
Y también es ilegal porque las disposiciones señaladas, así como la Resolución No. 282, también mencionada por el documento pero sin especificar el ministerio que la dictó, no pueden aplicarse de forma retroactiva como ha ocurrido en el caso conocido por este periodista, correspondiente a un médico que al regreso de su misión de trabajo en el 2006 optó por quedarse en el extranjero y cuya identidad no ofrecemos por petición expresa de su familia.
Cuando ese médico tomó tal decisión las mencionadas disposiciones no existían, sin embargo ahora se las aplican con carácter retroactivo, algo que prohíbe el artículo 61 de la Constitución de la República.
En Cuba sólo las leyes penales tienen carácter retroactivo y eso ocurre cuando su aplicación sea favorable a los encausados o sancionados. Fuera de este caso la aplicación retroactiva de normas civiles, laborales o administrativas, como son las mencionadas anteriormente, es inconstitucional.
No hay peor ciego que el que no quiere ver
Se trata de otro intento arbitrario, uno más, para tratar de impedir el éxodo masivo de los profesionales de la salud. Si el gobierno cubano quisiera eliminar este problema trabajaría directamente y con inmediatez sobre las causas que provocan tal estampida de galenos y que no es privativa de dicho sector porque abarca a todos los grupos etarios y esferas de nuestra sociedad.
Si el gobierno deseara realmente solucionar este problema y otros que azotan al pueblo, debería abandonar su estéril manía de tratar de resolverlo todo con imposiciones y estar atento a los reclamos de los cubanos. Debería analizar con seriedad por qué tantos compatriotas optan por irse y por qué tal estampida de profesionales de la salud no ocurre en otros países.
Pero el gobierno cubano actúa como los tres monos sabios: no quiere escuchar lo que realmente quiere el pueblo, no quiere ver sus sufrimientos ni la apatía que corroe hasta a los militantes del partido y no quiere decir la verdad de por qué suceden estas barbaridades en la Isla.
FUENTE: Cubanet
