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SUSCRIBITEAnna Bensi y su madre enfrentarán juicio en Cuba por grabar y publicar la visita de un agente del MININT. Ambas permanecen bajo reclusión domiciliaria
La activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, serán llevadas a juicio acusadas de un delito contra la intimidad personal y familiar después de grabar y publicar la visita de un agente del Ministerio del Interior (MININT) a su vivienda.
La propia joven, de 21 años, informó este martes sobre la decisión judicial y compartió en Facebook la notificación recibida.
El proceso tiene su origen en un episodio ocurrido el pasado 10 de marzo, cuando un funcionario se presentó en el apartamento familiar para entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a Caridad Silvente.
Madre e hija decidieron grabar el encuentro y posteriormente publicar las imágenes en redes sociales, una acción que aseguran realizaron como mecanismo de protección y para dejar constancia de lo ocurrido.
Bensi explicó que la acción judicial parte de una querella presentada por el agente que acudió a su domicilio.
“Ante esta situación, tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento, como medida para nuestra seguridad”, agregó.
El episodio que desencadenó el proceso ocurrió cuando el suboficial del MININT Yoel Leodán Rabaza Ramos llegó al domicilio de ambas para entregar una citación oficial.
La orden estaba dirigida a la madre de la activista.
Bensi y Silvente decidieron documentar la interacción mediante un video y hacerlo público posteriormente.
El funcionario consideró que esa difusión vulneró su intimidad y el caso terminó llegando a las autoridades judiciales.
La acusación estaría amparada en el artículo 393 del Código Penal cubano, relativo a los actos contra la intimidad personal y familiar.
La legislación contempla penas de entre dos y cinco años de privación de libertad para determinadas conductas incluidas dentro de esa figura penal.
Será el tribunal el encargado de determinar si las acciones atribuidas a Bensi y su madre reúnen los elementos necesarios para establecer responsabilidad penal.
El proceso judicial ha experimentado varios giros.
En abril, el abogado defensor Roberto Ortega Ortiz consiguió inicialmente que el expediente fuera archivado.
Su argumento se basaba en que el delito imputado requería una querella directa de la persona presuntamente afectada, y no simplemente una denuncia policial.
Sin embargo, la situación cambió posteriormente.
En julio, Rabaza Ramos presentó personalmente la querella requerida.
Esa decisión permitió reactivar el expediente y eliminó el principal argumento procesal que había provocado su archivo inicial.
Ahora, según la notificación compartida por Bensi, el tribunal ha decidido llevar el caso a juicio.
Todavía no se ha informado públicamente cuándo se celebrará la vista oral.
Desde el 25 de marzo, Anna Bensi y Caridad Silvente permanecen sometidas a una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
También tienen prohibido abandonar Cuba mientras se desarrolla el proceso.
La medida ha limitado sus movimientos durante varios meses pese a que todavía no existe una sentencia en su contra.
La activista también ha denunciado otros episodios con las autoridades cubanas durante los últimos meses.
A comienzos de julio permaneció retenida durante casi 11 horas en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria en Alamar.
Según su versión, la detención buscaba impedir que asistiera a una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos organizada en la residencia del encargado de negocios estadounidense en Cuba, Mike Hammer.
Bensi aseguró que fue liberada alrededor de las nueve de la noche, cuando ya no tenía posibilidades de asistir al encuentro.
Durante aquel interrogatorio, Bensi afirmó haber recibido advertencias relacionadas con los videos que publica en redes sociales.
Según relató, un instructor policial le advirtió que podría enfrentar prisión si las autoridades consideraban que alguno de sus contenidos constituía una incitación que posteriormente se materializara.
La joven resumió el mensaje que, según ella, recibió durante el interrogatorio con una frase:
“Al final el interrogatorio se puede resumir en cállate o haz otro tipo de contenido”.
La organización de asesoría jurídica Cubalex ha cuestionado el proceso y sostiene que documentar a funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones debería estar protegido como parte de los derechos ciudadanos.
El caso también ha recibido atención fuera de Cuba.
Medios internacionales han informado sobre la situación de Bensi, mientras representantes estadounidenses han cuestionado las restricciones impuestas a la joven.
Mike Hammer calificó anteriormente de “inaceptable” la situación de varios activistas que, según denuncias, fueron impedidos de participar en actividades vinculadas a la representación diplomática estadounidense.
El caso de la joven ha llegado igualmente a Washington.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio envió anteriormente mensajes de apoyo a Bensi y a otros jóvenes vinculados con su colectivo.
La activista forma parte de Fuera de la Caja Cuba, una iniciativa juvenil creada en La Habana que utiliza expresiones artísticas, teatro y redes sociales para cuestionar diferentes aspectos de la realidad política y social cubana.
El proceso contra Anna Bensi y su madre abre un nuevo debate sobre los límites impuestos a los ciudadanos cubanos para documentar actuaciones de funcionarios públicos y posteriormente difundirlas en internet.
Para las autoridades, el video dio origen a una querella por una presunta vulneración de la intimidad.
Para Bensi, su madre y organizaciones que las respaldan, la grabación constituyó una medida de protección frente a una visita de un funcionario del aparato de seguridad del Estado.
Ahora será un tribunal cubano el encargado de decidir el futuro de ambas.
Mientras esperan el juicio, Anna Bensi y Caridad Silvente continúan bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de abandonar el país.
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