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SUSCRIBITEEn una entrevista con RT, el gobernante defendió las conversaciones con Washington, rechazó las acusaciones de Marco Rubio y admitió la grave crisis energética
Miguel Díaz-Canel aseguró que el régimen cubano pretende mantener abiertos los canales de diálogo con Estados Unidos, pese al deterioro de las relaciones bilaterales y al aumento de las tensiones entre La Habana y la administración del presidente Donald Trump.
Durante una entrevista concedida al canal estatal ruso RT, el gobernante afirmó que Cuba no desea una confrontación militar y advirtió que una guerra representaría “un baño de sangre” con graves consecuencias para los dos países.
“El mundo sabe que nosotros somos un país de paz”, declaró Díaz-Canel al defender la continuidad de las conversaciones con Washington.
El gobernante sostuvo que una confrontación armada no beneficiaría a ninguno de los dos pueblos y tendría consecuencias humanas, económicas y regionales difíciles de calcular.
El dirigente cubano afirmó que sería posible construir una relación “civilizada” entre ambos países, pero estableció varias condiciones para cualquier negociación.
Según explicó, las conversaciones deben desarrollarse desde una posición de igualdad y sin exigencias relacionadas con la estructura política de la isla.
Díaz-Canel señaló que el sistema de gobierno, la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Cuba “no están a debate”.
“La revolución siempre ha defendido encontrar por la vía del diálogo la solución a las diferencias bilaterales entre Cuba y Estados Unidos”, sostuvo. También invocó las enseñanzas de Fidel Castro y Raúl Castro para justificar la estrategia diplomática.
Aunque defendió el diálogo, Díaz-Canel responsabilizó a Estados Unidos por la falta de resultados concretos.
El gobernante acusó a Washington de presentarse como una potencia agresora, incumplir compromisos anteriores y emplear una retórica cada vez más amenazante contra La Habana.
“Es muy difícil un diálogo en esta condición”, manifestó antes de denunciar lo que describió como nuevas presiones económicas, políticas y militares.
Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha divulgado públicamente una agenda completa, un calendario o los nombres de los funcionarios participantes en los contactos bilaterales.
Durante la entrevista, el dirigente también rechazó la ofensiva política impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio contra el régimen cubano.
Rubio encabezó el 16 de julio una reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, convocada por el Departamento de Estado con representantes internacionales. Washington sostiene que La Habana ha respaldado históricamente movimientos radicales de izquierda y operaciones de influencia en el extranjero.
Díaz-Canel calificó esas acusaciones como un “pretexto” dirigido a construir apoyo internacional para una eventual agresión contra Cuba.
El gobernante negó que la isla financie una plataforma de terrorismo político y acusó a Estados Unidos de intentar presentar al país como una amenaza para justificar nuevas acciones de presión.
Díaz-Canel afirmó que la política estadounidense no se limita a las sanciones económicas y las restricciones energéticas.
Según su versión, Washington desarrolla una “agresión multidimensional” con componentes políticos, ideológicos, culturales y mediáticos.
También calificó la narrativa estadounidense como “supremacista, capitalista e imperial” y acusó a los medios occidentales de difundir información “calumniosa” sobre la realidad cubana.
El gobernante elogió a RT y aseguró que las autoridades de la isla recurren al canal ruso cuando desean aclararse ante lo que describió como la desinformación internacional.
Uno de los momentos más relevantes de la entrevista ocurrió cuando el gobernante reconoció la magnitud de la crisis energética.
Díaz-Canel afirmó que Cuba llevaba aproximadamente seis meses sin recibir un barco regular de combustible y que durante ese período únicamente había llegado un envío procedente de Rusia.
La declaración fue presentada por el mandatario como prueba del impacto de las restricciones estadounidenses. La cifra, sin embargo, corresponde a su testimonio y no estuvo acompañada por datos públicos detallados sobre todos los cargamentos recibidos por la isla.
La escasez de combustible ha reducido la generación eléctrica, afectado el transporte y agravado los apagones que sufren numerosas provincias.
La presión sobre La Habana aumentó en enero, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional por las acciones del Gobierno cubano.
La disposición estableció un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, directa o indirectamente.
La administración estadounidense sostiene que las relaciones de la isla con Rusia, China e Irán representan una amenaza para la seguridad nacional.
El régimen cubano, por el contrario, denuncia que esas medidas pretenden impedirle adquirir combustible y profundizar el deterioro económico para provocar un cambio político.
Díaz-Canel anunció que el Gobierno espera comenzar a implementar, antes de finalizar julio, 121 de las más de 170 transformaciones económicas preparadas por las autoridades.
Aseguró que las primeras acciones estarán dirigidas a jubilados, personas vulnerables y ciudadanos con menores ingresos.
El gobernante explicó que el objetivo consiste en estimular las fuerzas productivas, crear riqueza y distribuirla bajo los principios del sistema socialista.
Sin embargo, no ofreció detalles suficientes sobre el financiamiento de las medidas, su alcance monetario o la fecha concreta en que los beneficios comenzarían a llegar a la población.
Las declaraciones confirman que el régimen cubano pretende conservar la comunicación con Washington, pero también evidencian los obstáculos que impiden avances sustanciales.
La Habana exige que su sistema político no forme parte de las negociaciones. Estados Unidos, mientras tanto, mantiene la presión sobre las estructuras estatales cubanas y reclama cambios vinculados con los derechos humanos, la seguridad regional y las alianzas internacionales de la isla.
Díaz-Canel asegura que no quiere una guerra y que todavía apuesta por el diálogo. Sin embargo, las posiciones públicas de ambos gobiernos continúan separadas por acusaciones, sanciones y condiciones que hacen difícil anticipar un acuerdo.
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