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SUSCRIBITEDíaz-Canel declara contra el exministro Alejandro Gil en un juicio secreto por delitos económicos. La familia denuncia traición, secretismo estatal y uso político del proceso
En un giro político inesperado, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez compareció como testigo de cargo en el juicio por delitos económicos contra su antiguo aliado y exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, según denunció su hermana, la abogada María Victoria Gil.
El proceso judicial —que inició el 26 de noviembre— se desarrolla a puerta cerrada, sin presencia pública ni cobertura estatal, marcando así el segundo juicio en contra del exfuncionario. El primero, por espionaje, llegó a solicitar cadena perpetua y sí apareció en el Noticiero Nacional, a diferencia de la actual causa por corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos económicos, completamente omitida por los medios oficiales.
María Victoria, radicada en España, asegura tener información directa desde el proceso. Confirmó que la audiencia duró cuatro días y ya concluyó para sentencia, bajo un secretismo absoluto que mantiene al pueblo sin acceso a detalles del caso. La jurista calificó esta falta de transparencia como "una falta de respeto al pueblo de Cuba".
Díaz-Canel: del elogio al testimonio acusatorio
Para María Victoria, la maniobra equivale a una traición política y personal destinada a limpiar la imagen del mandatario en medio del desgaste interno y externo.
Presiones familiares y confidencialidad obligatoria
La familia de Gil solo pudo ingresar al tribunal firmando documentos de silencio absoluto. Aun así, su hermana decidió hablar públicamente:
"El pueblo tiene derecho a saber qué ocurre con uno de los ministros más importantes del país".
Gil ha reconocido algunos delitos económicos, pero su hermana asegura que no es el único involucrado y que está siendo convertido en chivo expiatorio. Sostiene que, si hay responsabilidades, deben alcanzar a todos los implicados dentro de la estructura estatal.
Bienes en disputa y un poder que se desmarca
Otro punto en debate es la posible confiscación de su vivienda en Miramar, adquirida por permuta familiar y no por enriquecimiento ilícito, según asegura la familia. Aun así, no descartan que el Estado la retire, recordando que "en una dictadura no hay derechos".
Mientras el círculo cercano desaparece, Gil enfrenta el proceso aislado. La prensa independiente y su hermana se han convertido en las únicas fuentes que revelan información sobre el caso.
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