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SUSCRIBITEUn informe elaborado por la organización Archivo Cuba revela que el régimen cubano ha extendido su probado modelo de misiones laborales —frecuentemente denunciado como una forma de trata de personas— hacia Canadá, específicamente a través de la refinería COREFCO en Fort Saskatchewan, Alberta, vinculada a la empresa mixta entre CubaNíquel y la canadiense Sherritt International.
Según documentos y testimonios recogidos por la ONG, desde hace más de treinta años especialistas cubanos —como contadores, técnicos y financieros— son enviados a trabajar a esa refinería en condiciones que difieren significativamente de las pactadas oficialmente: aunque en los contratos figuren salarios y beneficios similares a los de sus colegas canadienses, en la práctica sufren un régimen de supervisión estricto y retención sustancial de sus ingresos.
Un contrato confidencial de 2016 demuestra esta disparidad: un especialista podía ganar oficialmente 95 450 dólares canadienses al año, pero tras impuestos y la obligación de enviar la mayoría del salario a Cuba, solo le quedaban entre 600 y 1 000 dólares al mes —dependiendo si viajaba solo o con su familia—, mientras que hasta el 84 % restante era canalizado hacia cuentas controladas por el régimen en el Banco Financiero Internacional, ligado al conglomerado militar GAESA.
Este sistema también impone restricciones severas a la libertad personal: los trabajadores no pueden relacionarse con la población local ni salir del área sin permiso, deben moverse siempre en grupo bajo vigilancia, y reciben instrucción política mensual de forma clandestina para eludir la supervisión canadiense.
A pesar de contar con vivienda, acceso a atención médica y un auto arrendado, los salarios netos apenas cubren lo básico, lo que hace difícil sostenerse y mucho menos enviar dinero a sus familias en Cuba. Como resultado, al menos 40 trabajadores cubanos han decidido desertar y permanecer en Canadá, a pesar de enfrentarse a sanciones como la prohibición de regreso a Cuba por ocho años o penas de prisión de tres a ocho años según el Código Penal cubano.
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