A pesar de las dudas que en algún momento la jueza Laura Taylor Swain alegó mantener sobre la razonabilidad y efectividad del Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), finalmente denegó el uso de un informe pericial que abordaba el efecto perjudicial del mismo.
El documento que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) quería someter como evidencia en la próxima audiencia en enero, incluye un análisis de la corporación pública, las perspectivas de ingresos a largo plazo de la AEE y cuestiones macroeconómicas. Según Swain, el informe está fuera del alcance de lo que anteriormente había delineado el tribunal y no se ajusta a las reglas establecidas en la moción 9019.
“La UCC interpreta de manera irrazonablemente amplia los aspectos de las declaraciones de las partes gubernamentales a las que pretende dar el Informe como respuesta… El comité encargó y presentó un informe pericial que estaba claramente fuera del alcance que el Tribunal había establecido para la práctica de la Moción 9019”, enfatizó la jueza. Y determinó que “el Comité no puede ingresar el Informe como evidencia en la audiencia de la Moción 9019”.
El pasado mes de junio, Swain -quien está a cargo de todos los litigios relacionados a la reestructuración de la deuda gubernamental- puso freno a la discusión del acuerdo por no estar convencida sobre la efectividad de este ante la falta de información y argumentos que lo sustentaran. La jueza señaló, en ese momento, que el acuerdo carecía de transparencia e información necesaria para poder entender si era razonable.
Oposición congresional
Por otro lado, los congresistas demócratas Raúl Grijalva, Nydia Velázquez y Daren Soto, quienes sometieron recientemente una solicitud de recurso prioritario de “amigo de la corte” en oposición al RSA, enfatizaron en un documento sometido a la jueza federal que el acuerdo carece de razonabilidad.
“El RSA, como base para el plan de ajuste, debe ser factible para ser razonable… Como es el único proveedor de energía en la Isla, el RSA afecta a los abonados, que también son la fuente de ingresos de la AEE”, detallaron.
Estos aseguran que el acuerdo no tendrá éxito, lo que llevaría a la AEE a otro incumplimiento fiscal, a un futuro litigio y a que la corporación se mantenga bajo el Título III. “El RSA afectará la viabilidad de la AEE como una empresa en marcha con graves consecuencias para la economía de Puerto Rico y el bienestar de su población”, agregaron.
“Debido a varios factores, como la economía en declive de Puerto Rico, la emigración y los problemas demográficos, los cargos de transición y liquidación del RSA, exacerbarán las dificultades de la AEE para recaudar ingresos. La AEE no podría pagar a sus tenedores de bonos y otros acreedores… Afectará las finanzas de la AEE y su capacidad para proporcionar servicios esenciales para Puerto Rico”, sostiene el documento.
Asimismo, los congresistas recalcan que el acuerdo supondrá un costo adicional para los abonados de la AEE y que podría exacerbar la crisis socioeconómica que enfrenta la Isla.
“El RSA representaría un litigio complejo a expensas de los clientes de la AEE… Afecta el crecimiento económico y el bienestar de la población de Puerto Rico. El interés es que cualquier acuerdo alcanzado sea en el mejor interés y no exacerbe la crisis socioeconómica”, puntualizan los congresistas.
FUENTE: elvocero.com