El Departamento de Justicia había informado previamente que la organización preparaba solicitudes migratorias, movía millones de dólares y explotaba distintos mecanismos del sistema de inmigración para facilitar entradas irregulares.
La acusación federal presentada contra 12 personas describió la estructura como una operación internacional de gran escala.
Cobraban entre 1.500 y 40.000 dólares por persona
Según la evidencia presentada por la Fiscalía, los pagos exigidos variaban considerablemente dependiendo de la ruta y los servicios.
Las cantidades podían oscilar entre:
1.500 y 40.000 dólares por migrante.
La organización coordinaba vuelos, transporte y diferentes etapas del viaje.
Parte del dinero recibido era posteriormente distribuido entre personas y empresas vinculadas con la operación.
Más de 20 millones de dólares y decenas de cuentas bancarias
Uno de los elementos centrales del proceso federal fue el movimiento de dinero.
Los fiscales sostuvieron que Cabrera-Rodriguez y sus colaboradores movieron más de 20 millones de dólares relacionados con la operación.
El dinero habría circulado mediante decenas de cuentas bancarias controladas por integrantes de la red.
Las autoridades investigaron estas transacciones como parte de un esquema destinado a mover y ocultar los fondos generados por el tráfico de migrantes.
Entre 2021 y 2024, integrantes de la organización también enviaron cientos de miles de dólares desde Estados Unidos hacia otros países para pagar vuelos y otros gastos relacionados con los desplazamientos.
Documentos europeos falsos para ciudadanos cubanos
Otro componente de la operación estaba relacionado con el sistema ESTA, utilizado por ciudadanos de determinados países participantes del Programa de Exención de Visa.
Según los fiscales, la red ayudaba a ciudadanos cubanos a presentar falsas alegaciones de ciudadanía europea para intentar acceder al sistema.
Entre las nacionalidades utilizadas aparecía la española.
El Departamento de Justicia sostiene que la organización presentó cientos de solicitudes fraudulentas.
En algunos casos, se habría declarado falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011.
Al menos 600 solicitudes fraudulentas
Los fiscales atribuyeron a la estructura al menos 600 solicitudes ESTA fraudulentas.
El mecanismo buscaba facilitar el ingreso de ciudadanos cubanos utilizando documentación o información falsa relacionada con nacionalidades europeas.
La organización promocionaba esos servicios mediante diferentes plataformas digitales.
Uno de los canales utilizados era un grupo de WhatsApp dedicado a promocionar trámites de ESTA y visas de turismo para supuestos ciudadanos españoles.
Una empresa en Florida detrás de los trámites
Parte de las operaciones se desarrollaban bajo la apariencia de una empresa dedicada a servicios migratorios.
La organización utilizaba una estructura comercial que permitía captar clientes, procesar pagos y coordinar los desplazamientos internacionales.
Para las autoridades federales, esa fachada comercial era importante porque permitía presentar actividades aparentemente legítimas mientras se desarrollaba paralelamente la operación ilegal.
Aviones privados para trasladar migrantes
La escala de la organización llegó, según los fiscales, al uso de vuelos privados.
La red coordinaba desplazamientos desde Cuba hacia terceros países y posteriormente organizaba otras etapas de las rutas utilizadas para llegar a Estados Unidos.
Las autoridades sostienen que la estructura tenía colaboradores en diferentes países de América.
Los pagos realizados por los clientes financiaban vuelos, transporte y otros gastos asociados con las operaciones.
“No era ayuda ni era humanitario”
Funcionarios federales rechazaron que la operación pudiera considerarse simplemente una forma de asistencia a personas que buscaban salir de Cuba.
Las autoridades describieron la estructura como un negocio organizado con fines de lucro.
HSI sostuvo que la red explotaba la vulnerabilidad y desesperación de los migrantes para obtener beneficios económicos.
La Fiscalía presentó el movimiento de millones de dólares y los elevados pagos cobrados a determinados clientes como elementos centrales para demostrar el carácter comercial de la organización.
Doce personas fueron acusadas
Cabrera-Rodriguez no fue el único procesado.
El Departamento de Justicia anunció originalmente cargos contra 12 personas vinculadas con las conspiraciones de tráfico de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero.
Entre los acusados había residentes de:
Hialeah,
Tampa,
Texas
y otras localidades estadounidenses, además de personas que se encontraban fuera del país.
Varios de los procesados se declararon culpables antes del juicio.
Otro cubano recibió 30 meses de prisión
Uno de los integrantes de la estructura, Erik Ventura-Castro, se declaró culpable de conspiración para traficar migrantes con fines de lucro y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
En julio fue sentenciado a 30 meses de prisión federal.
Según el Departamento de Justicia, Ventura-Castro transfirió más de 97.000 dólares desde Estados Unidos hacia Islas Caimán, Colombia y México para comprar boletos de avión utilizados por migrantes dentro de la operación.
Otros acusados continúan pendientes de sentencia.
Yuniel Lima-Santos también admitió su participación
Otro acusado, Yuniel Lima-Santos, de Tampa, se declaró culpable en agosto de cargos relacionados con tráfico de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero.
Según documentos judiciales, participaba en la logística y adquiría boletos internacionales y nacionales utilizados para transportar migrantes.
El Departamento de Justicia informó además que varios de los acusados restantes habían reconocido su culpabilidad antes del juicio.
Una investigación de varias agencias federales
La investigación involucró a múltiples organismos estadounidenses.
Entre ellos:
Homeland Security Investigations (HSI),
U.S. Border Patrol del sector Miami,
USCIS Fraud Detection and National Security
y Customs and Border Protection (CBP).
Autoridades de las Islas Caimán también colaboraron con la investigación.
El proceso forma parte de Joint Task Force Alpha, iniciativa federal dedicada a combatir organizaciones internacionales de tráfico de migrantes.
Operación Take Back America
El Departamento de Justicia también incorporó el caso a la Operation Take Back America, una iniciativa federal enfocada, entre otros objetivos, en combatir redes transnacionales de tráfico de personas y otras organizaciones criminales.
Joint Task Force Alpha ha desarrollado investigaciones contra estructuras que operan rutas migratorias desde América Latina hacia Estados Unidos.
Las autoridades federales consideran el caso de Cabrera-Rodriguez una de esas operaciones de gran escala.
Cabrera-Rodriguez conocerá su sentencia en diciembre
Tras el veredicto del jurado, la siguiente etapa será la sentencia.
Cabrera-Rodriguez deberá regresar al tribunal el 17 de diciembre.
El juez tendrá en cuenta las pautas federales de sentencia y otros factores establecidos por la legislación estadounidense antes de determinar cuánto tiempo deberá permanecer en prisión.
Aunque enfrenta una pena máxima de hasta 20 años por determinados cargos, eso no significa que necesariamente vaya a recibir el máximo.
La condena exacta será determinada por el tribunal.
Un negocio millonario construido alrededor de la migración cubana
El proceso federal revela la dimensión económica alcanzada por una estructura dedicada a aprovechar rutas y mecanismos migratorios utilizados por ciudadanos cubanos.
Según el caso presentado por el Gobierno estadounidense, la organización:
cobraba hasta 40.000 dólares por persona;
presentó cientos de solicitudes migratorias fraudulentas;
coordinó vuelos internacionales;
utilizó decenas de cuentas bancarias;
y movió más de 20 millones de dólares.
Ahora, después del veredicto federal, Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez espera conocer en diciembre la pena que recibirá por su participación en la trama.