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En medio de los sismos que afectan a Puerto Rico y ahora parte del Caribe, la Cámara aprobó una medida para reasignar $315,500 a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y su Red Sísmica, entidad que ha sido responsable de alertar y aclarar información sobre los cientos de terremotos y réplicas que se han reportado desde el 28 de diciembre.
El dinero vendría del Fondo de Reserva de Emergencia. El proyecto fue aprobado en la sesión cameral de ayer y todavía debe ser considerado por el Senado y firmado por la gobernadora Wanda Vázquez.
La Red Sísmica dejó saber que utilizará estos fondos para poner al día los equipos. De acuerdo con el informe que acompaña el proyecto, la Red Sísmica informó a la Cámara que cuenta con cinco equipos portátiles para desplegarse por la Isla, “pero solo tenemos sismómetros de limitado rango dinámico en cada equipo”.
Esto implica que, según se explica en el informe, no tienen la capacidad de movilizarse al sur, donde han ocurrido los terremotos. Los fondos ayudarían a conseguir un equipo para detectar movimientos telúricos fuertes a corta distancia.
En tanto, en la sesión del Senado aprobaron una resolución que obliga a la Compañía de Turismo a preparar un listado de hoteles y paradores que puedan ofrecer sus instalaciones para impartir clases a raíz de la emergencia sísmica. Otra resolución discutida en la sesión de ayer obliga a establecer como derecho de los padres y madres que las escuelas publiquen las evaluaciones realizadas por los ingenieros estructurales sobre el plantel y los posibles daños que hayan sufrido con los terremotos.Procura derechos para los sordos
Por otra parte, el senador independentista Juan Dalmau discutió con la comunidad sorda un proyecto para mejorar los servicios gubernamentales que precisa esta comunidad.
El legislador realizó ayer un conversatorio con sordos para discutir los puntos que deben ser incluidos en la legislación una vez la radique.
Dalmau, quien es candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), adelantó que pretende crear por ley una “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” para ayudar a erradicar la falta de accesibilidad a los servicios gubernamentales.
FUENTE: elvocero.com
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