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Washington - Cuando la mayoría demócrata comience a tramitar, en las próximas semanas, la nueva legislación que impulsa fondos de emergencia para Puerto Rico tras los temblores del pasado mes, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, promoverá que se incluya asistencia alimentaria.
“La asistencia nutricional y la seguridad alimentaria son parte integral de cualquier recuperación”, indicó González en una carta que envió el 21 de enero a la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara baja, la demócrata Nita Lowey, y a la líder de la minoría republicana, Kathy Granger, en la que solicita incluir fondos que ayuden a complementar el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
Tras la catástrofe causada por el huracán María, el Congreso -mediante dos diferentes proyectos de ley- asignó en total $1,870 millones en fondos de asistencia alimentaria para la isla. La más reciente asignación, de $600 millones según el Departamento de la Familia, se agota en agosto.
La legislación demócrata impulsa que el gobierno de Puerto Rico reciba $2,000 millones en fondos de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), $1,250 millones para reparar carreteras y $100 millones para necesidades relacionadas con asuntos educativos.
González respaldó el proyecto demócrata, pero dijo que “es importante que se coordine con el Senado y la Casa Blanca”.
“Me parece que no ha habido ninguna coordinación (con el Senado)”, que es dominado por los republicanos, sostuvo la comisionada González.
El presidente Donald Trump, quien no cesa de describir a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico como corruptos, ha frenado y cuestionado asignaciones para la isla, como ocurrió recientemente cuando obligó a que se redujera a la mitad los nuevos fondos de Medicaid.
El proyecto de ley demócrata requiere que el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), que administra los fondos CDBG-DR en consulta con otras agencias, publique en un período máximo de 60 días las guías sobre el uso de $1,932 millones en fondos de mitigación que el Congreso asignó para ayudar a rehacer la red eléctrica de Puerto Rico bajo ese programa para atender desastres.
Al publicar las guías sobre el uso de otros $8,285 millones de CDBG-DR para proyectos de mitigación y ofrecer un acuerdo para comenzar a desembolsar $8,221 millones de otra partida, HUD prohibió que esos fondos puedan utilizarse para asuntos relacionados con el sistema eléctrico.
Las normas de HUD también contienen otras nuevas restricciones, que obligan a que cada proyecto tenga el visto bueno del nuevo monitor financiero federal para fondos CDBG-DR, Robert Couch, y de la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas públicas de la isla.
Los requisitos de HUD incluyen, además, auditorías, informe mensuales sobre el uso de los fondos y cumplir con los objetivos del gobierno de la isla para la reforma del registro de la propiedad, entre otras cosas.
FUENTE: elnuevodia.com
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