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Frente al rechazo ya expresado por la gobernadora Wanda Vázquez, tanto la Junta Federal de Control Fiscal como un 45 % de los acreedores de deuda garantizada esperan contar con el aval de la jueza federal Laura Taylor Swain para formalizar la reestructuración de unos $35,000 millones en bonos de las obligaciones generales (OG).
Tal y como había adelantado la semana pasada EL VOCERO, anoche finalmente la junta fiscal hizo público el acuerdo, que reducirá esa deuda a $10,700 millones (sin intereses). En el acuerdo previo anunciado en septiembre de 2019, cuando apenas contaban con el apoyo del 16 % de los acreedores, la rebaja dejaba la deuda en $11,800 millones.
Son $10,700 millones que recibirán los bonistas en deuda nueva, la mitad en bonos de las OG y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). También obtendrán $3,800 millones en efectivo.
Según la junta fiscal, mediante declaraciones escritas de su presidente José Carrión, “los tenedores de unos $8,000 millones en bonos respaldan el acuerdo, incluidas las cooperativas de crédito puertorriqueñas y los inversores municipales tradicionales. Este apoyo aumenta la capacidad de la Junta de Supervisión para avanzar y salir de la quiebra este año”.
Ese dinero sale de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), que anteriormente no llegaba a la caja del Departamento de Hacienda hasta que se saldara el servicio anual de la deuda de Cofina.
“Este nuevo acuerdo, el cual requerirá legislación para poder implementarse, contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda y una reducción en la cantidad que los bonistas recibirán. El nuevo acuerdo también mejora la posición de los acreedores, ya que reciben unas nuevas protecciones legales que no eran parte del acuerdo al que se llegó en septiembre pasado”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.
Saca la cara por pensionados
De inmediato, la primera ejecutiva advirtió con preocupación que en las nuevas protecciones se “incluye la emisión de nuevos bonos subordinados de Cofina, que protegen a los acreedores de obligaciones generales mediante un gravamen estatutario, así como la creación de una cuenta de reserva, cuyos depósitos también estarán protegidos a favor de los bonistas mediante un gravamen estatutario”. Abundó que el acuerdo contiene otros aspectos “que resultan preocupantes”.
“En vista de que la Junta de Supervisión Fiscal se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales”, sentenció Vázquez.
Por su parte, Carrión señaló que en el nuevo acuerdo se reduce el servicio de la deuda del gobierno -incluido el capital y los intereses de los bonos senior de gravámenes de Cofina- en un 56 %, de $90,400 millones a $39,700 millones.
Destacó también el ahorro que deberá producir el acuerdo al bajar el servicio de la deuda a 20 años, que supone una década menos. “Este nuevo y mejor acuerdo es una victoria para Puerto Rico. Reduce los pagos totales de la deuda en relación con el acuerdo que alcanzamos el año pasado, paga la deuda del Estado Libre Asociado antes y tiene un apoyo significativamente mayor de los tenedores de bonos, lo que facilita aun más la salida de Puerto Rico de la quiebra, que se ha prolongado durante tres años”, sostuvo Carrión.
La junta fiscal detalló que el acuerdo provee una reducción promedio de 29 % para los bonistas de las OG y del 23 % para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), cuya deuda era garantizada contra el Fondo General.
“El nuevo acuerdo es otro paso adelante para Puerto Rico y acerca a la Isla mucho más a la salida de la quiebra y al comienzo de una verdadera recuperación económica”, comentó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal.
Impugnarán otras emisiones
Tanto Carrión como Jaresko indicaron que el acuerdo les permite eliminar el riesgo “de una batalla legal larga y costosa”. Por lo tanto, dijeron que impugnarán otras emisiones, incluidos los bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados, buscarán la recuperación de los honorarios ganados por los bancos, firmas de abogados y otras partes, que fueron recibidos cuando ayudaron a emitir bonos en exceso del límite constitucional de la deuda de Puerto Rico.
La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que incluye a ciertos tenedores principales de las OG y de la AEP, defendió el acuerdo. Matt Rodrigue, de Miller Buckfire & Co., asesor financiero de la CDCL, dijo que un atributo del acuerdo es que “le pone un límite al servicio anual de la deuda que mantendrá los pagos en o por debajo del 9.16% de los ingresos del gobierno. Este acuerdo, además, no toca fondos federales ni dinero destinado a los pensionados y mitiga el riesgo de un litigio prolongado que podría costar cientos de millones de dólares por año al gobierno en gastos relacionados con la reestructuración”.
Mencionó que según los términos acordados, los acreedores aceptarán recortes que promedian el 30%.
La última emisión de bonos de las OG fue realizada en 2014, con amplias advertencias sobre la situación precaria de las finanzas públicas de Puerto Rico. Esos $3,500 millones en impago son parte del nuevo acuerdo de la deuda garantizada, pero fuentes consultadas por EL VOCERO indicaron anoche que habrá variaciones en la recuperación por emisiones, ya que no todas alcanzaron el mismo desempeño.
Luego que trascendió la semana pasada la conclusión del acuerdo, el valor de reventa de los bonos de las OG se disparó en el mercado municipal de bonos.
FUENTE: elvocero.com
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