29 octubre 2021

La Junta de Gobierno de la UPR celebra asignación de $500 millones por cinco años

El cuerpo rector de la universidad de Estado apoya el presupuesto que recibirá la institución producto de las negociaciones entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal

La recién firmada Ley 53 de 2021, que habilita el Plan de Ajuste de la Deuda(PDA), le da a la Universidad de Puerto Rico (UPR) cinco años para implementar su transformación académica y administrativa previo a experimentar, posiblemente, la próxima reducción sustancial en las asignaciones que recibe de gobierno central, apuntó la presidenta de la Junta de Gobierno del sistema universitario, Mayda Velasco Bonilla.

La nueva legislación otorga a la universidad del Estado una asignación de $500 millones por cinco años a la UPR producto de Fondo General, lo que detiene los recortes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) en el plan fiscal certificado, indicó Velasco Bonilla.

“Personalmente, estoy bien contenta y positiva del futuro de la universidad”, señaló la presidenta del cuerpo rector.

Varios sectores universitarios han señalado que esa asignación es insuficiente. Incluso la presidenta interina, Mayra Olavarría Cruz, había levantado bandera sobre la cantidad previo a constatar con líderes legislativos que no se trataba de una cantidad máxima y que la institución continuaría recibiendo ingresos de otras fuentes gubernamentales, como la Ley de Juegos de Azar.

“Esto de los $500 millones no toca las otras aportaciones que nosotros tenemos del gobierno y, si ustedes toman el tiempo, si toma la oportunidad de mirar los ingresos que vienen del gobierno central y los ingresos del sistema, con los cambios en los costos de matrícula, el aumento en la cantidad de dinero que viene de investigación, lo que van a observar es que, ahora mismo, la Universidad de Puerto Rico por suerte tiene en este año fiscal un presupuesto para gastos discrecionales que es 6% más grande de lo que había en el año fiscal 2017″, expresó Velasco Bonilla.

La presidenta de la Junta de Gobierno precisó que la UPR ha perdido un 24% de su matrícula desde el 2017 y un 20% de sus empleados docentes en el mismo período. La disminución estudiantil la atribuyó a la reducción poblacional que enfrenta Puerto Rico.

“Tenemos cinco años para hacer cosas, hacernos más ágiles y demostrar que nos merecemos $500 millones más. Tenemos cinco años para reinventarnos y dejarle saber que la universidad está en su mejor momento”, añadió.

El Plan Fiscal certificado por la JSF para la UPR establece reducciones anuales en los montos que recibe el sistema universitario del Fondo General hasta llegar a los $383 millones para el año fiscal 2024. A cuestionamientos de representantes estudiantiles y claustrales sobre qué sucederá cuándo transcurran los cinco años, Velasco Bonilla indicó que se podría concluir que la asignación sería de unos $300 millones.

El representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en la Junta de Gobierno, Manuel González, respaldó a la presidenta y elogió el cambio de postura de la JSF, que por años insistió en la reducción de asignaciones gubernamentales para la UPR.

Velasco Bonilla y González informaron que la UPR ahora planifica poder renegociar su deuda, un paso que solo es posible ahora que se implementó una transformación de su Sistema de Retiro.

“Ya con esta asignación fija, pues ciertamente le permite e la universidad estar en una mejor posición de poder renegociar su deuda”, indicó González.

El rechazo a la ley que habilita el PDA es uno de los motores detrás de las manifestaciones estudiantiles que, desde la semana pasada, han paralizado ocho de los 11 recintos y que provocó que se decretara una huelga indefinida en el recinto de Mayagüez.

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