Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa audiencia federal sobre el futuro del I220A fue aplazada hasta el 2 de septiembre. Los demandantes buscan acceso a la Ley de Ajuste Cubano
Una esperada audiencia federal en Miami que podría tener importantes consecuencias para cientos de miles de cubanos con documentos I-220A fue aplazada hasta el próximo 2 de septiembre, prolongando la incertidumbre de quienes buscan una vía para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.
La vista debía celebrarse este miércoles en el edificio federal Wilkie D. Ferguson Jr., en el centro de Miami, pero la jueza Jacqueline Becerra, encargada del caso, comunicó el cambio de fecha.
Uno de los litigios centrales es Bello-Rubio vs. Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentado en representación de 992 cubanos que recibieron documentos I-220A después de ingresar a Estados Unidos por la frontera con México.
El objetivo de los demandantes es conseguir que el tratamiento migratorio recibido pueda ser reconocido jurídicamente de una forma que les permita acceder a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
No se ha informado que el cambio de fecha esté relacionado con un problema de fondo en la demanda.
La nueva fecha será el miércoles 2 de septiembre.
La jueza Becerra no examinará únicamente un expediente.
Según Prada, el tribunal abordará tres casos y varias mociones pendientes, entre ellas las presentadas por el Gobierno federal para intentar desestimar las demandas.
Uno de los principales argumentos de Washington es que el tribunal carecería de jurisdicción para conceder los remedios solicitados por los demandantes.
“La jueza quiere escuchar las mociones presentadas por el gobierno que pretenden desestimar las demandas”, explicó Prada.
El resultado de esa discusión procesal será importante para determinar si el litigio puede continuar avanzando hacia el fondo del asunto.
El centro de la controversia jurídica está en la naturaleza del I-220A, Order of Release on Recognizance.
Miles de cubanos fueron liberados en territorio estadounidense con este documento después de ser procesados por las autoridades migratorias.
El problema es que el I-220A no ha sido considerado tradicionalmente equivalente al parole migratorio documentado mediante un I-94, distinción crucial para quienes quieren acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Los demandantes buscan una interpretación que permita reconocer jurídicamente el tratamiento recibido al ser liberados dentro de Estados Unidos como suficiente para acceder al ajuste.
La Ley de Ajuste Cubano de 1966 permite que determinados ciudadanos cubanos soliciten la residencia permanente después de cumplir al menos un año de presencia física en Estados Unidos, siempre que satisfagan los requisitos legales correspondientes.
Uno de los elementos fundamentales es haber sido “inspected and admitted or paroled”.
Ahí se encuentra el problema para quienes poseen únicamente un I-220A.
Si consiguieran que su situación fuese reconocida como parole —o que el Gobierno les concediera ese tratamiento de manera retroactiva— se abriría potencialmente una vía hacia la residencia permanente para numerosos afectados.
El DHS se opone a la interpretación planteada por los demandantes.
Entre otras cuestiones, el Gobierno cuestiona que un tribunal federal pueda ordenar que documentos I-220A sean transformados o considerados retroactivamente como parole.
Por ello, una parte fundamental de la audiencia será procesal: determinar hasta dónde puede intervenir el tribunal federal y qué remedios tiene autoridad para conceder.
La decisión sobre jurisdicción puede ser determinante antes incluso de que el tribunal alcance el debate migratorio de fondo.
Otro punto fundamental es la solicitud para certificar el litigio como una demanda colectiva o class action.
Actualmente, el caso principal fue presentado por 992 cubanos.
Pero si el tribunal certificara una clase suficientemente amplia, una eventual decisión favorable podría tener consecuencias para muchas más personas que se encuentren en circunstancias jurídicas similares.
Los abogados estiman que el universo potencial de afectados ronda el medio millón de cubanos.
Sin embargo, ese impacto dependería tanto de la definición de la clase como del alcance de cualquier eventual fallo.
Junto a Mark Prada participan en el litigio las abogadas Claudia Cañizares, de Canizares Law Group LLC, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
El equipo intenta conseguir una interpretación que permita resolver una situación migratoria que se ha prolongado durante años.
Para miles de familias cubanas, el problema es especialmente frustrante porque han permanecido físicamente en Estados Unidos durante periodos suficientes para cumplir el requisito temporal de la Ley de Ajuste, pero carecen del elemento migratorio necesario para solicitar la residencia por esa vía.
La batalla sobre el I-220A no se limita al tribunal federal de Miami.
En febrero de 2026, un panel del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, con sede en Atlanta, anuló decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración relacionadas con dos mujeres cubanas que tenían I-220A.
Los casos fueron devueltos para una nueva revisión administrativa.
La decisión representó un movimiento relevante dentro del complejo debate jurídico, aunque no resolvió de manera general que todos los I-220A sean parole ni otorgó automáticamente residencia a sus portadores.
Prada también presentó argumentos en enero ante el Segundo Circuito de Apelaciones, en Nueva York.
En ese procedimiento se busca que el tratamiento migratorio recibido por determinados cubanos pueda ser reconocido de una manera compatible con los requisitos legales de admisión.
La decisión permanece pendiente.
Esto significa que la controversia sobre el I-220A está avanzando simultáneamente por varios frentes judiciales y administrativos.
Mientras los tribunales analizan estas demandas, la situación de algunos cubanos con I-220A se ha complicado.
Durante julio se reportaron casos de personas que recibieron órdenes de deportación después de acudir a citas con ICE o comparecer ante tribunales de inmigración.
La situación incrementó la preocupación entre quienes durante años consideraron que podrían eventualmente regularizarse mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Tener un I-220A no protege por sí solo contra una orden de remoción y cada expediente depende de su historial y procedimiento migratorio particular.
Pese a la enorme expectativa generada por la audiencia, especialistas han pedido prudencia.
El abogado Willy Allen advirtió que la vista probablemente no terminará con una decisión inmediata que resuelva la situación de todos los afectados.
“Esta audiencia no será ni el principio ni el final de nada, simplemente hay que asumirlo como parte del proceso de lo que ya está ocurriendo”, afirmó.
Allen dijo esperar más bien un avance que permita aclarar el camino jurídico.
“No espero resultados finales, sino un buen paso intermedio para esclarecer el camino hacia la legalización de todos los cubanos con I-220A”.
La jueza podría escuchar los argumentos y reservarse la decisión para emitirla posteriormente por escrito.
También deberá pronunciarse en algún momento sobre las mociones para desestimar los litigios y sobre cuestiones relacionadas con la certificación de la demanda colectiva.
Por ello, el 2 de septiembre no debe interpretarse como una fecha en la que automáticamente se decidirá si todos los cubanos con I-220A podrán solicitar residencia.
Lo que ocurra sí puede determinar si uno de los principales litigios destinados a conseguir ese objetivo continúa avanzando o enfrenta nuevos obstáculos.
Para cientos de miles de cubanos atrapados durante años en un limbo migratorio, la audiencia de Miami constituye así otra etapa crucial de una batalla jurídica cuyo objetivo final es abrirles una vía hacia la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Suscribite a nuestro Newsletter
