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En noviembre, el gobierno de Donald Trump prohibió a las empresas no estadounidenses enviar diésel a Venezuela a cambio de petróleo crudo. Anteriormente esos trueques estaban exentos de las sanciones estadounidenses que buscaban derrocar al presidente Nicolás Maduro debido a la función crucial que cumple el diésel en el transporte público y el de alimentos del campo a los mercados.
El senador demócrata Chris Murphy, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, pidió en una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, poner fin a esa medida “equivocada”. Dijo que la restauración del intercambio de diésel brindaría “alivio vital a millones de venezolanos”, ya que las reservas existentes de diésel previsiblemente bajarán a niveles críticos para mediados de abril.
La prohibición “no ha servido como palanca política real contra Maduro, que supo maniobrar para esquivar las sanciones unilaterales, y en cambio amenaza con agravar la situación humanitaria ya terrible del país”, escribió Murphy en su carta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia.
El gobierno de Biden está revisando la política de Estados Unidos hacia Venezuela con el objetivo de crear un frente multilateral contra Maduro y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos que la necesitan. También, aparentemente, reforzaría los pasos tentativos de Maduro y la oposición respaldada por Estados Unidos para colaborar en la solución a la crisis venezolana, empezando por un acuerdo para importar las muy escasas vacunas contra el coronavirus.
Funcionarios estadounidenses insisten en que las sanciones actuales permiten el envío de bienes humanitarios, aunque muchos observadores dicen que existe el peligro de cumplimiento en exceso por empresas y organizaciones temerosas de hacer negocios con el gobierno de Maduro.
FUENTE: Associated Press
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