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En Puerto Rico, tres de cada cuatro ejecuciones de hipotecas “reverse” en 2019 se debieron a motivos técnicos. Esto es 1,255 ejecuciones de hipotecas “reverse”, de un total de 1,617, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, que citó cifras de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Sánchez Morales explicó que, luego del auge de ese producto bancario, las instituciones que hacían los préstamos los vendieron a empresas de Estados Unidos, que son las que los administran. Ninguna de esas compañías está en Puerto Rico y no hay servicio al cliente localmente. El resultado es que las comunicaciones que envían son por cartas escritas en inglés y eso se convierte en un enorme riesgo porque muchas personas no dominan ese idioma y no tienen a alguien que las ayude. Esas empresas también fallan en escribir bien las direcciones locales y es frecuente que las cartas no lleguen o se reciban meses más tarde, afirmó el abogado.
También, se comunican por internet “y eso lo complica” porque muchos adultos mayores tampoco tienen destrezas tecnológicas, lamentó.
“Cuando se mercadeaba, decían que, una vez hacían la hipoteca, no habría más pagos. Pero eso no es cierto, porque hay que hacer unos pagos recurrentes, particularmente, de seguros. La mayoría de las personas que vienen a la oficina no han leído la hipoteca y confiaron en lo que les decían, y ahora no tienen los ingresos suficientes para pagar los seguros”, agregó.
“Hay bancos que ofrecen retener una cantidad del préstamo para pagar los seguros, pero muchos retienen para uno o dos años, mientras retienen ese préstamo, pero cuando lo venden, ya no hay dinero y no hay fondos para pagar los seguros y la gente no sabe”, reveló.
Otra de las condiciones para que no se ejecute o termine la hipoteca es que el deudor viva la casa. En caso de necesitarlo, puede estar fuera de la vivienda hasta un máximo de tres meses y, si requiere estar fuera por más tiempo, como ocurrió luego del huracán María, “la persona tiene que informarlo”, dijo el abogado.
Sin embargo, aunque “la ley no exige que se envíen unos certificados de ocupación”, esas empresas requieren que la persona certifique que vive la casa, anualmente o más de una vez al año, con un documento “que tiene que imprimir, firmar y enviar por email”. Ahí está la dificultad para las personas que no tienen destrezas ni equipo tecnológico para cumplir esa exigencia.
“Luego del COVID-19, hubo casos en que los emplazaban por falta de ocupación y los emplazaban en sus casas, hasta gente que estaba postrada en cama”, narró Sánchez Morales para destacar la seriedad de lo que ocurre con el manejo de esas hipotecas.
El abogado aseguró que la mayoría de los casos que llegan a Servicios Legales se logran resolver a favor del dueño de la propiedad, pero reconoció que algunos se reciben muy tarde. “Cuando llegan por incumplimiento debido a deudas del CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) o falta de seguros, es más fácil intentar llegar a un acuerdo si encontramos dinero de alguna manera”, admitió.
FUENTE: elnuevodia.com
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