Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 tras ser postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se le buscaba al menos desde 2018 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. La orden de captura con fines de extradición data de 2019.
El exmandatario quedará en custodia de la fiscalía del estado norteño, que es la que se encarga de su procedimiento.
Según la acusación Duarte, junto con otros funcionarios y también en colaboración con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos (unos 4,8 millones de dólares) extraídos entre los años 2011 y 2014", indicó el gobierno mexicano el jueves.
La fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.