Los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez, Angel R. Peña Ramírez, María Milagros Charbonier, Manuel O. Claudio Rodríguez, y Jacqueline Rodríguez Hernández radicaron el Proyecto de la Cámara 2282 para enmendar la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico y la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, a los fines de otorgarle beneficios marginales adicionales a los empleados de las agencias e instrumentalidades del gobierno central, los municipios, y los empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
La medida enmendará además la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, con el propósito de atemperar las disposiciones de dichas leyes mencionadas y para que no riñan entre sí.
Según expresa la exposición de motivos de la medida, la actual crisis ha afectado adversamente a los empleados públicos, tanto estatales como municipales y a los del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña y ha provocado que cientos de estos abandonen sus trabajos y la Isla en aras de encontrar mejores oportunidades. De hecho, diversos estudios apuntan a que, aproximadamente, unas 400,000 personas han abandonado Puerto Rico desde el censo de 2000.
Añade que “las estrategias implantadas por el gobierno buscan lograr que el gasto operacional de las agencias y corporaciones públicas se realice de manera eficiente, responsable y prudente, con la finalidad de reducir gastos de manera permanente…”.
De igual modo, otorgarles un 50 por ciento de descuento del pago de toda tarifa individual a cobrarse cuando visiten balnearios, zoológicos, acuarios, centros vacacionales, áreas de acampar, así como cualquier otro lugar recreativo perteneciente al Estado; darles preferencia en todo reparto, venta, cesión, donación o arrendamiento de propiedad del gobierno de Puerto Rico, de sus agencias e instrumentalidades y municipios, incluyendo los proyectos residenciales bajo el Departamento de la Vivienda o en cualesquiera otros programas de vivienda de interés social, subsidio para la compra y adquisición de vivienda administrado por el Gobierno de Puerto Rico o sus dependencias; y otorgarles un descuento de un 15 por ciento del costo por concepto de matrícula, cuotas, libros y otros materiales necesarios para completar su grado académico dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico.
Meléndez expresó que “el gobierno de Puerto Rico enfrenta actualmente una crisis fiscal sin precedentes que ha impedido la debida implantación y fortalecimiento de la política pública. Esta crisis ha afectado adversamente a los empleados públicos, a los retirados, y ha provocado que cientos de estos abandonen sus trabajos y la Isla en aras de encontrar mejores oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida. Ha llegado el momento de brindarles justicia, de extenderles las consideraciones y el respeto que se merecen. Y esta ley les ofrecerá un alivio para enfrentar la crisis económica y las políticas fiscales que nos han impuesto y que han causado la emigración de miles de puertorriqueños y seres queridos”.
Por su parte, Charbonier Laureano indicó que “los servidores públicos son el recurso más importante para el Estado. Son ellos el motor y la espina dorsal del funcionamiento del aparato gubernamental. Día a día, en mis visitas a los municipios, escucho el viacrucis que muchos de ellos, en especial los retirados, están viviendo actualmente. Con esta iniciativa establecemos nuestro firme compromiso de ayudarlos a sobrellevar la crisis actual, de mejorar sus condiciones de trabajo y darles la mano”.
FUENTE: elvocero.com
