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17 de mayo de 2022

A escena en la Cámara proyecto que propone una consulta a la ciudadanía sobre la despenalización de la marihuana

Se llevaría a cabo el segundo martes de julio

17 de mayo de 2022 - 12:21

La Cámara de Representantes atenderá en su sesión legislativa de hoy, martes, un proyecto con que se propone consultar a la ciudadanía, mediante un referéndum, sobre si se debe despenalizar o no el consumo personal de la marihuana.

Despenalizar significa que el usuario no enfrentaría cargos criminales y sí una multa administrativa.

El Proyecto de la Cámara 975 ley tiene como coautores al representante popular Juan José Santiago Nieves y los novoprogresistas Joel Franqui Atiles y José “Che” Pérez Cordero.

No obstante, la legislación que sería radicada en caso de ganar el “sí” tendría que incluir las multas a imponerse y serían las siguientes:

- Por la primera infracción, una multa administrativa de $500.

- Por la segunda infracción una multa administrativa de $1,000 y completar un curso de dos horas sobre uso y abuso de sustancias controladas, el cual será ofrecido por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca).

- Por la tercera infracción, una multa administrativa de $1,500, completar un curso de dos horas sobre uso y abuso de sustancias controladas el cual será ofrecido por Assmca y prestar servicios comunitarios por un periodo no menor de 30 días.

Si ganara el “no”, solo la actual Legislatura tendría la obligación de respetar el resultado de la elección y no legislar en contravención con el resultado.

Otras medidas que se discutirá

En la sesión de la Cámara de hoy también se discutirá el Proyecto del Senado 437, de las senadoras Gretchen Hau y Joanne Rodríguez Veve, que reduce de 35 años a 25 años –y de 15 años a 10 años en el caso de menores sentenciados como adultos- el tiempo mínimo a cumplirse en la cárcel en caso de sentencias por asesinato en primer grado antes de cualificar para libertad bajo palabra.

En delitos graves cuya sentencia fija sea de 50 años -como es el caso de asesinato en segundo grado-, el convicto podrá ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra tras cumplir 15 años en cárcel y no 20 años como se dispone actualmente. En el caso de menores sentenciados como adultos, se reduce esa cantidad de 10 años a cinco años.

La reducción en los términos para cualificar para libertad bajo palabra no aplicaría a convictos por agresión sexual o pornografía infantil.

Para el cálculo de estos términos, el proyecto dispone que se tomará en cuenta la sentencia más larga en caso de que el convicto esté cumpliendo sentencias consecutivas. El Departamento de Justicia se opone a esta disposición y a que el proyecto tenga aplicación retroactiva, es decir, que beneficie a convictos actuales.

La medida está fundamentada en que, en muchas ocasiones, una sentencia por asesinato en primer grado, que tiene una pena fija de 99 años, viene acompañada por otras sanciones carcelarias a ser cumplidas de manera consecutiva, lo que ha dado paso a sentencias de cientos de años.

Otra medida a atenderse hoy es el Proyecto de la Cámara 1013, presentado por petición de la organización Somos Más. La medida enmienda la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno para impedir que empleados de confianza puedan ser contratados como personal de carrera sin primero tener que esperar dos años desde el momento en que perdieron su plaza de confianza.

El proyecto fue enmendado para que la prohibición aplique si se trata de una transacción de personal dentro de la misma agencia. Además, establece que, para autorizar la contratación de un empleado de confianza a un puesto de carrera la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá que verificar que los requisitos de preparación académica se cumplan, que se aprueben exámenes o criterios ya establecidos para el reclutamiento y que se certifique que los servicios brindados como empleado de confianza fueron satisfactorios.

Otro proyecto presentado por Somos Más a ser discutido hoy es el PC 1015, que crea la Ley para regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político Partidistas.

La medida define funcionario público como: empleados, contratistas o personas que trabajan en las agencias o municipios.

Estos funcionarios no podrían crear grupos políticos en su horario laboral. Las prohibiciones también incluyen el impedir que un funcionario prometa un empleo a cambio de aportaciones recibidas con propósitos político partidistas o que amenace o prive a una persona de su empleo por aportaciones hechas o dejadas de hacer a candidatos o partidos políticos. El proyecto dispone el proceso para llevar investigaciones que revelen el incumplimiento con el estatuto y las sanciones y penalidades.

FUENTE: elnuevodia.com

17 de mayo de 2022 - 12:21

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