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Dos semanas antes de las pasadas elecciones generales, en el piso 8 de la desangrada Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) se inició una millonaria remodelación de lujo que deja al descubierto el despilfarro de dinero en el que incurren algunas agencias, precisamente, cuando se busca hasta debajo de las piedras opciones para sobrevivir a la crisis fiscal del País. ¿Lo peor? Que la instalación está vacía.
Los detalles de la lujosa remodelación –ordenada, según de informó, por el pasado administrador de ASR, Pedro Ortiz Cortés- salieron a relucir ayer en una vista ocular liderada por la representante Lourdes Ramos Rivera, quien preside la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano en la cámara baja, y ordenó de inmediato que se realice una investigación exhaustiva para determinar si se violó alguna disposición de ley durante el proceso de construcción, cuya inversión total fue de $1,122,710.24. La partida se sacó del Fondo de Mejoras Permanentes de la agencia.
Según explicó el actual administrador de ASR, Luis M. Collazo Rodríguez, la singular transformación en la estructura del piso 8 se llevó a cabo a petición exclusiva del extitular de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Carlos M. Santini, quien se había comprometido en que esa agencia alquilaría el espacio siempre y cuando se le hicieran unas mejoras específicas que, incluyeron, un diseño moderno del lugar, tipo Loft; una oficina ejecutiva amplia con baño privado; un salón comedor vistoso; y la compra de unas sillas de la línea Allsteel, las cuales sugieren un estilo confort y con posturas multidireccionales, entre otras cosas.
A preguntas de la legisladora, el Administrador de ASR dijo que la expectativa de renta “era algo insólito” pues se dispuso alquilar en $13 el pie cuadrado del lugar, lo que provocaría rentar el piso 8 en $8,233.
Finalmente, el actual comisionado de OCAM, Omar Negrón, explicó a Primera Hora que fue él quien tomó la decisión de cancelar el contrato pues la mudanza “no hacía ningún sentido”.
“Quien desistió de ese contrato fui yo cuando llegué a OCAM pues me encontré que los 50 empleados de la agencia estaban divididos en dos edificios. Y uno de ellos se acababa de remodelar por casi $4 millones. Entonces, no hacía ningún sentido mudarnos a Retiro. Y menos ahora, que estamos en la necesidad de disminuir los gastos operacionales”, dijo Negrón al aseverar que la cancelación del contrato se llevó a cabo antes de los 30 días establecidos en el documento.
Asimismo, agregó que le notificó el asunto a la representante Ramos Rivera, quien se dispone a citar a la Legislatura a las personas involucradas en la aprobación de la remodelación por entender que se pudo haber violado alguna norma o procedimiento.
Otras irregularidades
De otra parte, el Administrador de ASR alertó sobre unas posibles irregularidades en las transacciones de recursos humanos realizadas bajo la administración de Alejandro García Padilla.
Y es que según Collazo Rodríguez, en la agencia se llenaron plazas de personas que se acogieron al retiro, esto a pesar de que la Ley 3 de 2013 dispone que estos puestos debían ser congelados.
“La información que tengo es que se cubrieron entre ocho a 10 plazas de personas que se retiraron”, aseguró el funcionario.
Además, dijo que se hicieron 68 ascensos sin oposición y unas 1,000 transacciones de personal- que incluían reclasificaciones o aumentos de sueldo-, aún cuando muchas de ellas no procedían y de que se había firmado la Ley 66 de Emergencia Fiscal.
La representante se comprometió en investigar los señalamientos y advirtió que “llegaré hasta las últimas consecuencias”.
“Esto no se trata de persecusión contra empleados públicos pero estamos en crisis y si hubo un movimiento de personal de forma ilegal y hubo aumentos de forma ilegal, vamos a tener que retornar a esos empleados a sus plazas regulares. Y más ahora que tenemos a una Junta de Control Fiscal exigiendo unos ajustes”, aseveró Ramos.
“Sabiendo todo lo que pasó no puedo darle la cara a un pensionado al que le quitaron $400 en beneficio o a un servidor público al que están poniendo a trabajar hasta los 61 años. Es increíble saber que la Administración pasada gastó tanto dinero en remodelaciones y en aumentos de sueldo de forma desmedida”, sentenció la legisladora.
FUENTE: primerahora.com
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