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corrupción

Acusados de fraude en Mayagüez transfirieron los fondos entre un puñado de corporaciones

La fiscalía alega que los fondos pueden conectarse en su origen con MEDI, pero la defensa intenta argumentar que eran por servicios legítimos

Mayagüez - El exdirector de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) Alejandro Riera Fernández y el ex asesor legal del ayuntamiento Arnaldo Irizarry Irizarry presuntamente recibieron, al menos, $150,000 cada uno procedentes de transferencias de otra entidad formada por el exconsultor administrativo Eugenio García Jiménez, quien ya se declaró culpable por conspirar para cometer fraude contra el gobierno municipal.

La fiscal Myriam Fernández presentó el jueves, uno a uno, los cheques remitidos, entre abril de 2016 a mayo de 2017, a las compañías U.A. United Advisors y IManagement, creadas en 2016 por los acusados Irizarry Irizarry y Riera Fernández, respectivamente, según la prueba que ha desfilado en el juicio por jurado que se celebra en la sala de la jueza Aida Delgado, en el Tribunal Federal de Hato Rey.

Los cheques, con el ícono de la bandera estadounidense, se emitieron desde distintas cuentas a nombre de TEGA Holdings, LLC, una compañía creada por García Jiménez y Roberto Mejill Tellado en 2015.

En su testimonio, que se extendió todo el día, Mejill Tellado -también convicto exconsultor financiero del Municipio de Mayagüez- dijo que abrió una cuenta en Wells Fargo para TEGA Holdings, LLC, en la cual depositó $900,000 como a los 12 días de haberla creado. A preguntas de la fiscal, aseguró que esos fondos en realidad provenían de MEDI, específicamente de los $9 millones que se habían depositado en una cuenta para la compraventa de valores en la bolsa, en UnionBanc Investment Services.

Los abogados de defensa esbozaron una línea de preguntas que enfatizaba en el rol que tuvo García Jiménez como quien orquestó el esquema. “¿Usted creyó que los $1.8 millones (transferidos al Municipio) venían de la inversión que se había hecho?”, preguntó Álvarez Cobián, a lo que el testigo le afirmó que, en efecto, era lo que les había comunicado García Jiménez.

Durante el turno de la fiscalía, el testigo también afirmó que, cuando fueron convocados por los auditores del Municipio a una reunión, ya TEGA Holdings, LLC había recibido $900,000 en su cuenta.

“¿Usted sabía que venían de los $9 millones de Mayagüez?”, cuestionó la fiscal. “Correcto”, contestó Mejill Tellado sobre unos fondos que se supone fueran utilizados para el Centro de Trauma.

El testigo también afirmó que ningún servicio se había prestado por parte de TEGA Holdings a MEDI para justificar esa transferencia de fondos. De hecho, la fiscal Fernández enfatizó que, aunque un acuerdo contractual, establecía que Tega Holdings podía cobrar un 5% del total generado en inversiones, ese depósito en realidad significaba el doble de lo pactado.

El Código Municipal exime a las corporaciones municipales, como MEDI, de tener que registrar sus contratos en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Las facturas sometidas

La fiscalía presentó, además, decenas de facturas supuestamente sometidas por los acusados.

El encabezado de la factura de U.A. United Advisors tenía la dirección del edificio Westernbank, que era donde estaban las oficinas de MEDI, así como la firma de Irizarry Irizarry. Alegaba haber prestado servicios de “consultoría y asesoría en relación a desarrollo corporativo e inversiones económicas y bancarias; asesoramiento en relación a transacciones corporativas entre diferentes inversionistas y empresarios privados”.

“Nunca lo vi”, contestó Mejill Tellado sobre si corroboró que se hizo el trabajo.

La factura de IManagement, LLC detalla “servicios de consultoría financiera y de inversiones relacionados a transacciones internacionales; servicios de consultoría financiera entre inversionistas locales e internacionales”.

“No, señora”, afirmó también cuando le abordó si había visto algún producto del trabajo.

Mejill Tellado relacionó la cuenta de IManagement directamente con Riera Fernández, pese a que las facturas tenían la firma de otra persona en calidad de presidente. Roberto Santiago, quien aparece como presidente, testificó el miércoles que no recordaba haber firmado esos documentos, que no preparó esas hojas ni recibió pago alguno, sino que simplemente prestó su firma en la cuenta bancaria como “favor” a Riera Fernández, para quien hacía trabajos de pintura en la casa.

“Él (Riera Fernández) hacía gestiones de cobro, le daba las facturas a Eugenio García, me procuraba para el cobro, y muchas veces lo vi recoger el cheque”, detalló Mejill Tellado a preguntas de cómo conocía que la compañía estaba ligada al exdirector de MEDI.

En un momento dado, testificó Mejill Tellado, Irizarry Irizarry requirió adelantos de dinero, que supuestamente le fue prestado por García Jiménez. “Los dineros que transfieren a la cuenta no habían llegado para hacerle ese pago, y él (García Jiménez) se lo pagó y él (Irizarry Irizarry) luego lo reclamó a TEGA”, añadió a insistencias de la fiscal.

Movimiento grande de dinero

En diciembre de 2016, Mejill Tellado abrió una cuenta bancaria en Homebanc con $400,000 que había retirado de otra cuenta en Wells Fargo. Con un “no, señora”, el testigo confirmó que no había hecho trabajo alguno que le hacía merecedor de esa compensación, y afirmó que el dinero que cobró provenía “de los $9 millones” que pertenecían a MEDI.

Desde la cuenta de Wells Fargo, Mejill Tellado emitió pagos a contratistas que le construyeron una piscina y verja en una casa que tiene en Guánica, según prueba que desfiló ante el jurado.

El testigo se percibió lloroso cuando el abogado Álvarez Cobián le abordó sobre la expectativa de tener una sentencia reducida a raíz del acuerdo de cooperación con la fiscalía de Estados Unidos. “Quiero restituir el daño que yo pude haber hecho y cooperar con el gobierno en este caso. Ese es mi único interés”, dijo, al inmediatamente bajar la cabeza con voz entrecortada. “Lo que sea Dios y el juez impongan”.

Después de pausar compungido, agregó: “La expectativa que yo tengo, señor abogado, es lo que Dios y la juez dispongan. No he recibido promesas de nadie. Estoy cumpliendo con mi obligación, diciendo la verdad que yo entiendo”.

El testigo afirmó, a preguntas del abogado Diego Alcalá, que no estuvo presente en todas las reuniones. Tampoco revisó los correos electrónicos que se intercambiaron. “Nunca me dieron detalles de los pagos que yo hice”, contestó. “La única información que me sometió eran las facturas… si hubiera tenido más información, entiendo que me la hubiera sometido”, contestó.

Alcalá también consiguió que la testigo Isabel Vázquez Rodríguez, contadora para Eugenio García & Asociados, reconociera que desconocía si la asesoría legal brindada por los acusados ocurrió a puertas cerradas, las veces en que se reunieron en el salón de conferencias en el antiguo edificio de WesternBank en Mayaguez.

FUENTE: elnuevodia.com

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