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El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) acusó esta mañana al representante popular Luis Raúl Torres de engañar a la comunidad LBGTTIQ y al país al radicar un proyecto de ley que supuestamente prohibía las terapias de conversión para luego retirarlo tras ser enmendado considerablemente.
Mientras, la vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Lydael Vega Otero, hizo una acusación similar contra el legislador.
“Es evidente que Luis Raúl Torres ha decidido retirar la medida (en su versión original) porque, en efecto, no prohibía las terapias de conversión sino que las legaliza.Esta acción demuestra que siempre tuvimos la razón. Torres nunca tuvo la intención de prohibirlas. Su medida fue una componenda con el sector fundamentalista que violenta, ataca y vulnera a las personas LGBTTIQ+”, expresó en declaraciones escritas Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.
Durante las vistas públicas, los portavoces de CABE levantaron bandera sobre la similitud entre el Proyecto de la Cámara 683 y el antiguo Proyecto de la Cámara 2068, de la autoría de la exrepresentante novoprogresista María Milagros Charbonier y el sacerdote Carlos Pérez, ya que en aquel entonces el depuesto gobernador Ricardo Rosselló tuvo que retirar la medida porque legalizaba las terapias de conversión en vez de prohibirlas.
La nueva versión del PC 683, enmendada por el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, es incluso más agresiva en buscar la prohibición de esta práctica, descrita por defensores de los derechos humanos como tortura, que el Proyecto del Senado 184.
En la versión trabajada por Aponte Rosario se aplica la prohibición a “cualquier” persona, cuando la versión original solo aplicaba a profesionales de la salud, al igual que el PS 184. Se eliminó del proyecto original cualquier mención de la libertad de expresión profesional, que fue incluida originalmente como un elemento con que se buscaba proteger, según Torres, la libertad de culto de ciudadanos y religiosos.
La nueva versión dejó fuera el concepto de la “voluntad del paciente”, cerrando la puerta a que menores, al amparo de la patria potestad que ejercen padres, madres o tutores, puedan ser sometidos a estos tratamientos. De hecho, se amplió la definición de terapias de conversión para cambiar de maltrato estrictamente físico a “cualquier otro tratamiento o práctica que somete a un paciente o cliente a incomodidad física o emocional para promover la heterosexualidad como resultado preferente”.
Se eliminó también de la versión original el lenguaje que establecía que no sería una terapia de conversión la discusión de “creencias o prácticas morales o religiosas”.
Incluso, con los cambios de Aponte Rosario, se incrementó la sanción penal en caso de que se procesara a alguien por aplicar una terapia de conversión de un delito menos grave a un delito grave con pena de reclusión de un mínimo de seis meses y un día hasta tres años y una multa de $10,000.
En el caso de personas jurídicas, la multa sería de hasta $20,000.
“Esas enmiendas eliminarían las exenciones religiosas, la inclusión del discurso profesional, la mención innecesaria de la patria potestad, la definición que abriría la puerta a dichas prácticas, entre otras. El representante Torres no estuvo dispuesto a aceptar dichas enmiendas, por lo que se hizo obvio que nunca quiso prohibirlas, sino legalizarlas. De hecho, al no aceptarlas nos obliga a nosotros a tampoco aceptar su proyecto por ser inoficioso”, aseveró la doctora Angeles Acosta, portavoz de CABE.
Por último, le hicieron un llamado al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que cumpla con su palabra empeñada de lograr la aprobación de una medida que efectivamente prohíba las mal llamadas terapias de conversión en nuestra patria.
“Es hora de demostrar su liderato, señor presidente. Es momento de decidir de qué lado se está: si en el lado de la equidad o no. Es muy fácil la decisión. Usted debe decidir si va a permitir que un sector fundamentalista secuestre la agenda legislativa de la Cámara que preside o usted va a hacer valer la dignidad y la igualdad que prometen la Constitución. Confiamos en que prevalezcan la razón, la justicia y la equidad”, concluyó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
ACUSACIÓN DEL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES
En declaraciones escritas, Vega Otero insistió en que Torres no tenía la intención de proteger a la comunidad LBGTTIQ.
“El 8 de junio, nos presentamos en las vistas públicas sobre el P.C. 683 y al igual que otras organizaciones de derechos humanos alertamos al presidente de la Comisión de lo Jurídico sobre la vaguedad, incongruencia y aspectos incorrectos del proyecto. En dichas vistas el espacio se tornó en un ambiente violento, hostil e intimidante que, a nuestro juicio, reprodujo actitudes negativas e inaceptables para quienes desde nuestra organización nos representaron. Tanto el retiro de la medida para no atender las recomendaciones de cambio sugeridas, como las actitudes del legislador hacia las personas que representaron a nuestra organización en el proceso de vistas públicas nos dejan como un cuestionamiento el perfil de la política pública de algunas personas en Cámara y Senado, con relación a la protección de los derechos”, indicó Vega Otero al referirse a Torres.
FUENTE: elnuevodiia.com
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