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Integrantes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cerraron filas ayer en torno a la importancia de las plantas hidroeléctricas y catalogaron a la Junta de Control Fiscal (JCF) como irresponsable por minimizar las funciones de estas unidades para darle estabilidad al sistema eléctrico del País.
El presidente de la junta de la AEE, Fernando Gil Enseñat, destacó que debido a los límites de extensión territorial, las plantas hidroeléctricas pueden contribuir en gran manera a lograr las metas de energía renovable, según lo requiere la Ley 17 de Política Pública Energética y el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE.
“Minimizar de esa forma es un poco irresponsable de parte (de la Junta de Control Fiscal). Si tuviéramos una extensión de terrenos gigantesca para poner placas o molinos como se pretende en Estados Unidos”, pero no la tenemos, declaró ayer durante la reunión mensual ordinaria.
Las críticas responden a expresiones de la JCF en su notificación de violaciones al plan fiscal propuesto por la AEE en donde el ente fiscal cuestiona por qué se propuso casi el doble del presupuesto que autorizó la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para el manejo de las hidroeléctricas. Según la JCF, esas unidades apenas producen el 1% de la energía total del País, y ante la falta de fondos, estos activos deben recibir “mantenimientos que sean críticos” y su asignación de fondos no debe exceder el 4.6% del total del presupuesto de generación.
Por su parte, el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, calificó como “extremadamente importante” que la JCF entienda que estas hidroeléctricas -aunque mucho más pequeñas- cumplen una función similar a la famosa represa estadounidense Hoover, produciendo energía por flujo de agua.
El ingeniero y planificador recalcó que una vez se completen los trabajos de mejoras que están pendientes de aprobación por parte de la Agencia federal de Manejo de Emergencias bajo el programa 404 de mitigación, la producción subirá de la capacidad actual de 99 megavatios a 125 megavatios netos, lo que equivaldría a un 5% de la demanda promedio mensual de energía.
Umpierre detalló que además hay reparaciones actualmente en las unidades hidroeléctricas 1 de Dos Bocas, la 2-2 de Yauco y la 2-1 de Toro Negro.
La JCF refirió el asunto al texto de la notificación donde indican que la AEE deben hacer uso de los fondos federales para esas reparaciones.
Por otro lado, se informó que en total, cinco proyectos de energía renovable han retirado sus ofertas. Se trata de proponentes de iniciativas de generación mediante fuentes fotovoltaicas como parte del primer tramo de metas que ordena el PIR.
No obstante, se han aprobado múltiples aumentos en capacidad de producción a otros proyectos del mismo tramo, así como a proyectos que ya estaban adelantados. También se contrató con dos nuevos licitadores para aumentar el almacenamiento de energía mediante baterías y ya se firmó el contrato para una planta virtual que producirá 17 megavatios mediante fuentes renovables, que no conlleva la interconexión tradicional y se puede integrar a la red más rápido.
El saldo neto es que si el Negociado de Energía y la JCF aprueban los cierres de contratos, el primer tramo contará con una producción de 959 megavatios de energía solar y 510 megavatios en almacenaje, dijo el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón.
El Plan de Ajuste de la Deuda
Sobre el proceso de reestructuración de la deuda, Gil Enseñat dijo que estaba cada vez más cerca el proceso de aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD-AEE). Pero Torres Placa destacó que la propuesta de la JCF de que solo la mitad de los clientes de la AEE sean quienes paguen la emisión de bonos que se pretende emitir como parte del proceso, ascendente a sobre $5,680 millones, es injusta.
“Consideramos que es un grave error porque se distribuye (la carga) erróneamente”, declaró y propuso que la emisión de bonos sea de una cantidad menor, que la junta asigne dinero para el repago de estos y que el resto se distribuya entre todos los clientes “para que todos paguen un poquito en lugar de que la mitad pague en exceso”.
Se opuso además a la propuesta de la JCF de imponer un cargo de 2.4 centavos en la factura para sufragar los costos del Sistema de Retiro de la corporación.
“El gobierno puede aportar un poco y de la emisión de bonos puede salir otro poquito y descartar esa imposición de 2.4 centavos. Hay formas de hacerlo, pero la manera que la junta propone hacerlo -y está por escrito-… es sobrecargar excesivamente a la mitad de los consumidores”, sostuvo al tiempo que recordó que toda persona que se quiera oponer al PAD-AEE tiene hasta el 7 de junio para hacerlo.
Asimismo, en la reunión se aprobaron enmiendas a 22 contratos. En el área de servicios profesionales se pidió una extensión de término para los contratos con Benítez Ramos & Associates, Vibranalysis y para los dos contratos distintos con CPM PR, Sistema Universitario Ana G. Méndez, Sargent &Lundy y CSA Architects and Engineers, y de aumento de fondos para Hogan Lovells, Tetra Tech PR, así como para King & Spalding.
En el área de finanzas los contratos enmendados tanto en tiempo como en cuantía fueron los de Galidez, Guzmán &Co., Ankura Consulting Group y McGuire Wood.
En el área de asuntos jurídicos se autorizó enmendar en cuantía y tiempo los de las firmas O’Melveny &Myers, Baker Donelson Caribe, Díaz & Vázquez Law, González & Martínez Law Office y Regulatory Compliance.
FUENTE: elvocero.com
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