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Al menos $11 millones se podrían descontar del aumento que solicitó LUMA Energy como parte de la reconciliación trimestral de cuentas, porque esa cifra fue el pago adicional que tuvo que hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por uso de diésel —en lugar de gas natural— en las unidades 5 y 6 de la Central San Juan. El uso de diésel se debió a que la empresa New Fortress falló en suplir la cantidad de gas acordada.
Esta es una de las conclusiones a las que llegaron ayer ejecutivos de LUMA, de la AEE y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como parte de la vista técnica en la que se discutió la solicitud de aumentar en 18.4% la tarifa a los clientes residenciales durante el primer trimestre de 2022. La cifra varía entre 16% y 18% en el resto de las categorías de los clientes, entre comerciales e industriales.
Ayer también trascendió que el problema con el inventario de combustible de la AEE continúa y se desconoce qué pasó con cientos de miles de barriles almacenados cerca de la Central Aguirre.
LUMA ha dicho que el descuadre en las cuentas es de $145.3 millones. Esta cifra incluye lo que se pagó por el combustible —cuyo precio a nivel internacional se disparó—, lo que se facturó a los clientes y la diferencia entre lo que se proyectaba para los meses de septiembre a noviembre.
Problemas con el suplido de gas
De acuerdo con el contrato entre la AEE y New Fortress, cada vez que la empresa privada de suplido de gas natural falla en proveer el combustible —por causas que no se le pueden atribuir a la AEE— el contrato provee para que se le haga una reclamación por la diferencia en el gasto que tenga que incurrir la AEE, toda vez que la situación fuerza a usar diésel —que es más caro— en algunas plantas de generación.
El uso de diésel en las unidades 5 y 6 de San Juan aumentó en 40% entre septiembre y noviembre debido a que hubo fallas en el suministro de gas natural, informó la subdirectora de operaciones de la AEE, Margarita Zapata.
Según explicó Josué Colón, director ejecutivo de la corporación pública, New Fortress tiene que notificar con seis meses de anticipación si no va a suplir gas. Sin embargo, en octubre pasado y con apenas unas tres semanas de anticipación indicó de manera “inadvertida” e “inusitada” que cortaría el servicio por 15 días para labores de mantenimiento. Colón aseguró que la AEE no lo autorizó, pero aun así New Fortress desistió del suplido de gas.
Agregó que al cabo de ese periodo, en lugar de retomar el servicio decidieron relocalizar el banco de gas natural y la línea de transmisión, aprovechando que ya habían terminado el mantenimiento. Indicó que esperan que la empresa retomen la entrega del suplido a finales de enero de 2022.
Colón sostuvo que harán todas las gestiones para cobrarle la diferencia de lo que se ha tenido que gastar en diésel para que las unidades 5 y 6 de San Juan puedan seguir funcionando, que se estima son $11 millones. En el trimestre previo también hubo situaciones similares con New Fortress, por lo que la cifra puede ser mayor.
Por otra parte, del análisis que hizo LUMA se desprende que no es posible reclamar a las pólizas de seguro por los daños en algunas de las unidades generatrices que motivaron el cierre o el uso de combustible más caro, lo que entendía ayudaría a mitigar el alza en la factura de luz.
Aunque el NEPR le había ordenado a LUMA que entregara la información relacionada a las pólizas, el consorcio a cargo de la transmisión y distribución de energía incumplió y ahora tiene hasta el lunes para justificar por qué no se le debe imponer una multa de $5,000 por el incumplimiento.
Fondos para rescate
Para el trimestre anterior, el gobierno autorizó $76 millones de fondos federales ARPA para cubrir la discrepancia entre las proyecciones y los costos reales en compra de combustible y abonar al mantenimiento de las plantas generatrices. De ese dinero sobraron $223,211 y se usarán para mitigar la discrepancia en este trimestre.
Los ejecutivos de la AEE informaron que están en conversaciones con el gobierno para ver si se identifica otra fuente de dinero que se pueda usar de manera similar para atender la actual discrepancia. El negociado les concedió hasta hoy al mediodía para informar si habrá fondos disponibles, lo que reduciría o evitaría que la diferencia se traduzca en aumento a los consumidores.
Trascendió, además, que desde el verano de 2018 hasta diciembre de este año se estaba pagando cerca de $500,000 al año por el almacenamiento de combustible ‘bunker C’ en las instalaciones de la antigua Corco, en Peñuelas, para suplir la Central Costa Sur. Estos costos también se pasaban a los clientes. A partir de enero del próximo año y tras vencer el contrato y transferirse el combustible a otros tanques, ya esos costos no se incluirán en la factura, se informó.
Por otro lado, los problemas con el inventario de combustible han provocado que haya por lo menos 130,000 barriles cuyo destino se desconoce, lo que equivale a entre $11 millones y $15 millones que aunque es un costo que no ha pasado a los clientes —por tratarse de combustible no utilizado— afectará en algún momento las finanzas de la AEE.
“Desde hace más de un año la autoridad le ha dicho al negociado que iba a implementar medidas y controles sobre el inventario de combustible y todavía un año y medio luego estamos hablando de discrepancias abismales en el proceso de mantenimiento de los inventarios de combustible”, sostuvo el comisionado asociado del NEPR, Ángel Rivera. Indicó que si la medición del combustible es correcta, puede haber un enorme “liqueo” de combustible llegando a las playas o a los terrenos aledaños.
La subdirectora de operaciones de la AEE señaló que se enteró ayer mismo de la discrepancia y se comprometió a investigar si se implementó alguna medida para corregir la situación.
El presidente del NEPR, Edison Avilés, puntualizó que la vista técnica era para analizar la compra de combustible, y sostuvo que la tarifa base por consumo de energía de los clientes sigue igual desde 2017.
FUENTE: elvocero.com
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