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La plataforma Airbnb advirtió ayer, martes, que desaparecerán miles de propiedades destinadas a esta actividad económica en Puerto Rico si el Proyecto de la Cámara 1557 mantiene una disposición que limita la operación de los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) en zonas residenciales.
La medida, radicada en noviembre de 2022 por el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, José “Cheíto” Rivera Madera, dispuso que el propietario de un alojamiento localizado en una zona residencial podrá utilizar hasta un 30% de la unidad para esos fines.
En caso de que persiga ofrecer un espacio mayor, el anfitrión tendrá que obtener una variación de uso residencial a comercial por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), según la legislación.
Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, consideró que dicha disposición sería una “prohibición de facto” de cualquier STR en una zona residencial.
Hizo referencia, sin embargo, a un estudio realizado por la firma Oxford Economics, cuyos resultados arrojaron que Airbnb cuenta con unas 15,000 unidades en la isla y sobre 8,000 anfitriones registrados, que en 2021 contribuyeron $872.4 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de la isla.
Muñoz, asimismo, descartó que la limitación que propone el proyecto persiga atender el problema de gentrificación y acceso a la vivienda que se le adjudica a los STR en ciertos sectores del país.
Reclamó, ante eso, que Airbnb solo representa menos de 1% de la vivienda disponible en Puerto Rico.
No obstante, un estudio elaborado por la firma Abexus Analytics en 2022 encontró sectores en San Juan, Cataño y Aguadilla, donde más de la mitad de las propiedades son STR. Mientras, en municipios como Culebra, Vieques, Dorado, Luquillo, Río Grande, Rincón y Arecibo, hay áreas donde esta actividad alcanza 30%.
“Compartimos la preocupación de minimizar el impacto negativo de este tipo de actividad en zonas residenciales, pero no hay necesidad de amenazar a todo el sector. Hay otras soluciones que podríamos explorar a base de la experiencia internacional y herramientas que tenemos”, defendió.
Pese a las diferencias sobre esta disposición, Muñoz elogió la medida presentada por Rivera Madera, ya que atendió el reclamo sobre una regulación uniforme de los STR.
Recientemente, Muñoz rechazó el Proyecto de Ordenanza que evalúa la Legislatura Municipal de San Juan sobre los alquileres a corto plazo, por entender que Puerto Rico no debe contar con 78 regulaciones individuales.
Entre otras cosas, el proyecto de ley exige un registro compulsorio ante la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), una póliza de seguro de responsabilidad civil, prestar una fianza de $5,000, instalar detectores de humo y extintores, así como presentar una certificación de cumplimiento, entre otros.
La medida, de igual manera, autoriza a la CTPR a presentar multas administrativas por diferentes conceptos, cuyos montos podrían oscilar entre $250 y $25,000.
“Los requerimientos de operación que están en el proyecto están justos y sensibles. Los vemos aptos para esta actividad, porque no es algo que vaya imponer a los anfitriones mayor costo o desgaste burocrático para poder cumplir. Entendemos la necesidad, porque hay que promover unos estándares mínimos para operar”, expresó.
Reacciona Rivera Madera
Frente a los reclamos de Airbnb, el representante Rivera Madera negó que la limitación de los STR en zonas residenciales redunde en un golpe a la industria.
Manifestó que las disposiciones del proyecto no están “escritas en piedra” y que el 1 de febrero iniciará vistas públicas para escuchar a todos los sectores involucrados.
“Tiene que haber algún tipo de limitación a la proliferación de este tipo de alquiler en zonas residenciales donde molestan a los vecinos. De la misma manera que tienes el derecho de hacer lo que quieras con tu propiedad, también tienes el deber de no causar ningún tipo de molestia a los vecinos que tienes alrededor”, afirmó.
De acuerdo con el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), la mayoría de las quejas provienen de personas que tienen residencias en lugares donde se ha proliferado la actividad de los STR, debido al ruido y basura excesiva.
“Lo que estamos planteando es que si tienes una casa y estás rentando una habitación no tienes ningún problema. El problema es cuando tienes la propiedad completa”, subrayó Rivera Madera.
Respecto a si la medida considerará un posible aumento del impuesto por habitación (room tax, por sus siglas en inglés) a los STR, el representante indicó que evaluará varios escenarios durante el proceso de vistas públicas.
Una de las opciones, reveló, es incrementar el arancel a 10%, con el objetivo de destinar 2% a los municipios.
Esta medida se alejaría del Proyecto del Senado 956, radicado en 2022 por la senadora Ada García Montes, que propuso mantener el impuesto en 7%, pero enviar el 5% a los ayuntamientos.
FUENTE: elnuevodia.com
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