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Un contrato otorgado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para iniciar la segunda fase de la recuperación tras el huracán María ha levantado interrogantes en la Junta Federal de Control Fiscal por la cuantía multimillonaria que representa sin que se defina el alcance de los trabajos ni se cumpla a cabalidad con leyes y reglamentos que rigen estos procesos.
La junta alzó bandera ya que el valor estimado del contrato para MasTec North America, Inc. ascendía a $700 millones, sin proveer detalle sobre la magnitud de los trabajos ni justificación de esa cantidad.
La corporación pública otorgó finalmente el contrato a MasTec por la cantidad máxima de $500 millones para restaurar las líneas de transmisión y distribución, las subestaciones eléctricas, así como proveer brigadas, supervisión, equipo y materiales.
MasTec, al igual que otras dos contratistas, se encargarían de la segunda fase de la recuperación, que consiste en reforzar los trabajos realizados durante la emergencia tras el huracán.
Pide varias correcciones
En su revisión del contrato, la junta fiscal le había indicado a la AEE que este incumplía con una serie de leyes y regulaciones que rigen las contrataciones gubernamentales en Puerto Rico. El ente observó, además, que carecía de información para evaluar si el acuerdo contractual cumplía con los estándares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Este intercambio se dio ya que la AEE tuvo que enviarle el contrato por adelantado al ente fiscal como parte del protocolo de revisión aprobado en octubre de 2017. Es de ahí que se desprende una serie de errores sobre las cuales la junta federal le llamó la atención en una carta.
El señalamiento principal consiste en la incongruencia en torno al costo del contrato. La Junta de Gobierno de la AEE había establecido en la Resolución 4580 que el costo ascendía a $300 millones, pero esa cantidad no se insertó en el borrador del contrato. Por el contrario, otros documentos suministrados por la corporación pública detallaban que el valor del contrato sería de $125 millones y posteriormente ofreció un nuevo estimado de $700 millones.
“Los documentos falsos deben ser corregidos antes de seguir adelante”, enfatizó el ente fiscal en las observaciones, que anejó a la carta.
“La estructura del acuerdo es tal que la AEE hará lanzamientos de contratos a medida que se definan los trabajos. Por lo tanto, no es posible evaluar la razonabilidad o el nivel de riesgo del valor anticipado del contrato que se muestra en $700 millones”, lee el documento en poder de EL VOCERO.
La junta fiscal no pudo corroborar que la AEE haya preparado un estimado del costo previo a la subasta. Tampoco despejó dudas acerca de cuánto trabajo quedaba por hacer, cómo se había estimado que las obras implicaban un costo de $700 millones ni cómo se estaba distribuyendo el trabajo con otros contratistas, tales como Cobra Energy.
Las observaciones del ente fiscal se basaron en el borrador del contrato y en la carta que el principal oficial de Finanzas de la AEE, Todd W. Filsinger, le envió a la Oficina de Cumplimiento de Contratos y Adquisiciones, que dirige Ottmar Chávez.
Chávez asumió el rol de síndico dentro de la AEE, por nombramiento del gobernador Ricardo Rosselló, como un mecanismo de control tras el escándalo del contrato de hasta $300 millones otorgado a la pequeña compañía de Montana, Whitefish Energy Holdings, a días del paso de María.
“No parece que se haya incluido una justificación para el tipo de contrato... El contrato incluye una cantidad tope de $700 millones, pero no está claro cómo se obtuvo esta cantidad”, lee el análisis de la junta federal.
Los señalamientos incluyen que la corporación pública ni siquiera escribió el nombre del contratista en el contrato, no adjuntó los artículos de incorporación, no indicó las fechas de ejecución y efectividad de los servicios ni incluyó las certificaciones de no deuda del Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Más aun, el ente federal solicitó que se incluya una serie de cláusulas que certifiquen que ningún oficial o empleado de la AEE ejecutará un contrato en el que tenga un interés económico ni que beneficie a un exempleado público.
Este diario solicitó ayer más información a la AEE y a la junta fiscal, pero la corporación pública no reaccionó al cierre de esta edición. Mientras, el ente federal informó que emitirá declaraciones al respecto en el transcurso de la semana.
FUENTE: elvocer.com
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