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La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y otras entidades denunciaron ayer presuntas violaciones constitucionales a los derechos de los sumariados porque no se celebran las vistas preliminares en el término que establece la ley (en o antes de 30 días).
Alegan que estos permanecen tras las rejas en condiciones infrahumanas y en cuarentena indefinida a causa del Covid-19.
Los sumariados son imputados de delitos que están en espera de juicio en las instituciones penales de la Isla. Por estatuto legal, se presume que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Durante la rueda de prensa, la abogada Laura Coss Guzmán observó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en septiembre de 2020 que para proteger la salud de los confinados y sumariados ante la pandemia del Covid-19, las vistas antes del juicio serán celebradas a través de videoconferencia.
Comentó que en ocasiones los abogados entrevistan a sus clientes un día antes o hasta el mismo día de la vista preliminar.
“Hay gestiones que tenemos que hacer para representar dignamente y adecuadamente como dicen los cánones de ética, y a veces tenemos que hacer investigaciones, gestiones para traer prueba a su favor, testigos a su favor con prueba y evidencia que les sirva en esa vista preliminar y ¿qué nos ocurre? Que cuando llegamos a la vista preliminar el día 28, ¿qué tiempo tenemos para realizar la investigación?”, apuntó Coss Guzmán.
Comentó que en ocasiones los representantes legales comparecen a la audiencia en los tribunales y se les informa que “súbitamente” sus representados fueron trasladados a otra cárcel que no cuenta con el equipo tecnológico para realizar videoconferencias.
También denunció que en algunas cárceles no se les está permitiendo el periodo de aseo a los reclusos debido a la cuarentena por el coronavirus.
“Están siendo ubicados en condiciones infrahumanas. Esta cuarentena incluye personas mezcladas habiendo dado positivo con personas de nuevo ingreso, con personas que no se sabe si están infectadas… Hay falta de camas, están durmiendo en el piso, sin acceso a un baño decente… son condiciones que no se pueden permitir aunque se les haya privado de su libertad”, expuso la letrada.
Mientras, el abogado Diego Alcalá indicó a preguntas de la prensa que tradicionalmente el 15% de la población penal está compuesta por sumariados.
“A quien esto más afecta es a la gente empobrecida del País, que no tiene los recursos para prestar una fianza”, añadió Coss Guzmán.
Entretanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, Liza Gallardo, advirtió que si el DCR no toma acción ante estas denuncias, la organización tomará acciones a nivel internacional, las cuales no adelantó.
Reacciona Corrección
Ante las denuncias, la designada secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, afirmó que se han celebrado 1,119 vistas a través de videoconferencia desde que asumió la dirección de la agencia en el Centro de Ingreso Bayamón 705 y las instituciones carcelarias Bayamón 292, Ponce 676, Ponce 246, 224 y 304, Guerrero en Aguadilla y en el Centro de Rehabilitación de Mujeres.
“Hemos recibido visitas de abogados; 99 visitas se han hecho de manera presencial y a través de videoconferencia y han participado en 97 entrevistas. Estamos en la mejor disposición de colaborar, de recibirlos, de que no necesitan una cita para ser atendidos en nuestra agencia. Tenemos puertas abiertas y si ellos tienen alguna duda o alguna información adicional con relación a sus clientes, podemos atenderlos e informarles de inmediato cuál es la situación de cada uno”, señaló la funcionaria.
En cuanto a la situación de aseo, respondió que el asunto está bajo investigación.
“Mantenemos constante monitoría de los servicios en las áreas médicas. De encontrar que ese tipo de denuncia es correcta y cierta, definitivamente entraremos en un proceso donde iniciaremos —aparte de una investigación administrativa— cualquier tipo de sanción que aplique a aquellos empleados que han permitido que esta situación ocurra, de ser cierta”, aseguró Escobar.
FUENTE: elvocero.com
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