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La falta de acceso a suministros, a servicios y a la atención médica, su frecuente explotación financiera, así como la negligencia y el abandono de la que es víctima la población de edad avanzada fue otra de esas realidades del país que el paso del huracán María develó con la misma brutalidad con la que nos mostraba un paisaje devastado.
En el inicio de la temporada de huracanes, las agencias que atienden a los adultos mayores siguen en el proceso de encaminar medidas dirigidas a impedir los problemas de seguridad y acceso a servicios que este sector de la población experimentó durante el ciclón y que, por su edad, condiciones de salud y dependencia, también está en una posición más vulnerable que otros grupos poblacionales.
Al tiempo en el que se trabaja con soluciones prospectivas, todavía muchos residentes de la tercera edad en todos los municipios de la isla enfrentan condiciones deplorables por la falta de energía eléctrica, agua potable, así como caminos y carreteras inservibles, entre otras fallas de infraestructura y de disminución de servicios.
“Todavía hay gente en comunidades del interior de la isla que no tienen luz. Algunos no tienen mucho acceso para ir a sus médicos porque todavía hay muchas carreteras dañadas. Esto crea desesperación. Cada día nos llegan casos de personas que están viviendo en condiciones infrahumanas”, declaró la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez.
Aumentan las querellas
En los meses que le sucedieron al huracán María, el cuadro era crítico. Recientemente, El Nuevo Día reveló que el 68% de las personas que murieron entre septiembre y diciembre del 2017 eran mayores de 70 años. A su vez, en esos meses de octubre y noviembre, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) recibió un alza sin precedente de querellas de maltrato y en la comisión de delitos contra esta población.
En solo dos meses, se registraron 5,545 quejas, un alarmante aumento en comparación con el total de 12,682 querellas sometidas de octubre de 2016 a septiembre de 2017. Se dispararon, sobre todo, las querellas por negligencia y explotación financiera.
“El huracán afectó la calidad de vida (de los adultos mayores), su bienestar, pero también sufrieron de explotación financiera por parte de gente que se aprovechaba. Aumentaron los delitos como el fraude y el abandono, y eso se tradujo en querellas frente a nosotros”, explicó la funcionaria.
El Departamento de Justicia creó el mes pasado una unidad especializada en control de fraude al Medicaid, conforme a la Ley de Seguro Social, que persigue no solo la estafa contra esta población sino también otros delitos.
“Esta orden incluye el maltrato y el maltrato institucional que se da a los viejitos que reciben fondos de Medicaid en los centros de cuido y en las égidas. Aquellos que reciben pacientes, los maltratan, no los cuidan, no los alimentan e incurren en negligencia, responderán bajo la ley, y a la unidad de control (de fraude) de Justicia, y va a tener (el operador) unas penalidades muy serias, inclusive la cancelación de la licencia como hogar de cuido”, indicó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.
Además de lo angustioso que resultó el azote de un huracán de la fuerza de María y los graves daños que les dejó, la soledad se catapultó entre los más viejos, destacó la procuradora.
La migración masiva a Estados Unidos también dejó un rastro considerable de abandono palpable en los hogares, en la despoblación de las comunidades y en la disminución del personal en los hospitales que les sirven. La suma de todos los factores magnificó también la depresión y la desesperanza.
“Hay personas (de edad avanzada) que no tienen quién les provea ayuda... En esa desesperación puede llegarse a la situación de que no quiere vivir más, y dejarse ir. Estamos muy alertas (para la) prevención del suicidio”, recalcó Sánchez.
El Departamento de la Familia y el Instituto de Psiquiatría Geriátrica de la Universidad de Cornell colaboraron en proyectos de detección de depresión a través del adiestramiento a trabajadores sociales y dueños de hogares para identificar los síntomas y ayudar a las personas a manejar las emociones y los factores estresantes.
Justicia, además, completó el Protocolo de Intervención en situaciones de maltrato y negligencia institucional contra adultos mayores, en cumplimiento con la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada.Vázquez Garced -quien integró el Elderly Task Force, creado para brindar suministros y ayuda humanitaria a dicha población- recordó que las carencias que encontraron en égidas y centros de ancianos eran “impresionantes”.
“Tienen que estar preparados con el medicamento apropiado para sus pacientes, las máquinas de terapia, las máquinas de oxígeno, las de diálisis, los generadores eléctricos y su resguardo e igualmente la cisterna. Tienen que (procurar) adecuadamente la alimentación de estos pacientes, que algunos tienen unas dietas especiales”, dijo Vázquez Garced.
De octubre de 2017 a abril de 2018, hubo un incremento en las querellas por falta de acceso a servicios, con 7,368 quejas registradas en la Oppea por falta de servicios públicos, comparado con las 64 querellas del año anterior.
Medidas institucionales
En tanto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Garantía de Prestación de Servicios, que añade requisitos operacionales a los asilos para ancianos, las égidas y los hogares para niños y adultos, entre otras instalaciones, con el fin de que continúen operando en caso de un desastre natural.
La nueva ley obliga a estas instalaciones a contar con una fuente de energía independiente para brindar electricidad en caso de interrupción del servicio y les exige contar con abastos de combustible suficiente para operar un generador al menos durante 20 días después de un evento. Además, les obliga a tener una cisterna de agua con capacidad para suplir al menos cinco días.
La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, indicó que actualmente su agencia se encuentra en proceso de atemperar sus reglamentos internos a las disposiciones de la nueva ley. Indicó que, a su Reglamento para el Licenciamiento y Supervisión de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada, le agregaría exigir a los hogares que cuenten también con suministros de alimentos.
En entrevista con El Nuevo Día, la titular de la agencia indicó que también ha establecido conversaciones con la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), así como con la Asociación de Detallistas, para que, en caso de emergencia, a los hogares se les permita tener acceso a la compra de alimentos en grandes cantidades -conforme a la necesidad-, y que se les honre un puesto prioritario en las filas de gasolina. Esas fueron algunas de las quejas que afloraron de los propios administradores de hogares, debido a las dificultades que afrontaron luego del huracán María.
Como preparación a esta nueva temporada de huracanes, Andújar Matos agregó que están en proceso de adquirir una flota de vehículos que les permita llegar a las comunidades de difícil acceso.
Por su parte, la Oppea ha liderado una campaña de concienciación por las comunidades, con el fin de orientar a la población de edad avanzada sobre las medidas de preparación en la nueva temporada ciclónica.
“Nosotros tenemos una responsabilidad de aprender de las lecciones y tratar de llevar el mensajea las poblaciones para que se preparen. Que tengan suministro de comida, que no se expongan si están en áreas inundables... Había muchas personas de edad avanzada en la comunidad que estaban invisibles, porque para llegar a ellos había que entrar en las urbanizaciones”, comentó la procuradora Sánchez.
Por otro lado, las égidas permanecen pobremente fiscalizadas. Estas son residencias, en su gran mayoría propiedad del sector privado, donde viven adultos mayores independientes que no requieren de un cuidado supervisado.
El secretario del Departamento de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, ha dicho que su agencia no otorga licencias ni monitorea los servicios sociales que se brindan dentro de estas estructuras.
El Departamento de Vivienda, que administra solo cinco égidas, sí otorga un subsidio estatal de hasta $400 por unidad, para garantizarles un techo a personas mayores de 65 años. Además, puede ofrecer créditos contributivos.
Comúnmente, la procurada y Justicia intervienen en estos complejos solo mediante el recibo de querellas.
La procuradora hizo hincapié en que se debe fiscalizar con eficiencia a los administradores de égidas si abandonan sus responsabilidades contractuales, y reniegan de ofrecer los servicios a sus residentes, como ocurrió en medio de la crisis.
“Tuvimos situaciones de égidas donde el administrador, durante la crisis, nunca más apareció. Eso es una violación de los derechos de la persona”, advirtió la procuradora.
La periodista Wilma Maldonado Arrigoitía colaboró con esta historia.
FUENTE: elnuevodia.com
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