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En el cierre de la sesión legislativa, Cámara y Senado aprobaron arrendarle -por los próximos 50 años y por el valor nominal de $1 anual- a la Universidad Central del Caribe (UCC), el Hospital Regional de Bayamón.
La Resolución Conjunta del Senado 271, de la autoría de los senadores Carmelo Ríos y Carlos Rodríguez Mateo, tiene la intención de “unificar los servicios médicos de primer orden que la institución debe servir”, según se desprende de la medida.
La medida fue radicada el pasado mes de junio y no fue a vistas públicas en ninguno de los cuerpos de acuerdo con el registro electrónico de la página de Servicios Legislativos.
“El hospital continúa en operación limitada por el Estado en un acuerdo con la Universidad. Sin embargo, este acuerdo opera en forma limitada, afectando la calidad y cantidad de servicios a una fracción del potencial de servicios que permitiría la escala y equipamiento del hospital”, establece la exposición de motivos donde se añade que la institución recibe diariamente aproximadamente 40 pacientes cuando cuenta con 415 camas autorizadas.
“Ayudaría, además, a resolver el grave problema de hacinamiento en las facilidades médicas, incluyendo el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, con el cual se establecería un programa de apoyo y cooperación ordenada. Se ampliarían los recursos médico-profesionales y de apoyo”, reza el documento.
Como parte del acuerdo, el Departamento de Salud tendría que remitirle al hospital anualmente su costo de operación actual para determinar a cuánto ascendería dicha cantidad se le ordena a la agencia realizar una auditoría. Por lo demás, la instalación será transferida en las condiciones actuales.
De oficializarse el traspaso, la UCC podrá seleccionar los administradores profesionales que entienda prudente y necesario contratar siempre que garanticen el cumplimiento con la política pública.
La resolución, sin embargo, hace la salvedad de que la transacción tiene que ser avalada por el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, conforme con la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. El Comité tendrá un término de 90 días para evaluar la propuesta. Si al transcurso de dicho término no hay una determinación final se entenderá como aprobada la propuesta.
FUENTE: elnuevodia.com
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