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La Cámara de Representantes aprobó ayer a viva voz una resolución para crear una comisión especial en ese cuerpo legislativo para investigar los procesos de adopción de menores de edad y las condiciones de vida de las personas de la tercera edad.
Ambos temas figuran entre las prioridades del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, en la sesión ordinaria que arrancó esta semana. Ahora la comisión especial para la evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada tendrá entre sus responsabilidades vigilar la implementación de la Ley 61 de Adopción de Puerto Rico de 2018 y los procesos de adopción en la Isla.
“Queremos saber cómo ha transcurrido el proceso de adopción luego de que entrara en vigor nuestra ley —la Ley 61-2018— la cual procuró dar un paso determinante en nuestra lucha como sociedad contra el abandono, el maltrato y el menosprecio de nuestra niñez. Con esta ley se amplió las posibilidades de que más menores bajo custodia del Departamento de la Familia se puedan beneficiar de la adopción como un plan de permanencia y de manera rápida, sin burocracia. Es imperativo saber cuántos menores se han beneficiado de estas disposiciones y cómo ha sido la experiencia de los padres que buscan dar ese regalo de amor”, dijo el presidente cameral en declaraciones escritas.
La comisión, según la resolución, estará compuesta por siete miembros que serán escogidos acorde con el reglamento de la Cámara y adoptará un reglamento interno para su funcionamiento. La medida concede poder a esa comisión para realizar un estudio sobre la necesidad de las personas de edad avanzada ante la realidad social y económica del País y preparar cualquier proyecto de ley o resolución necesaria para crear mecanismos que faciliten el proceso de adopción.
De otro lado, el Senado aprobó la Resolución Concurrente 67 de la autoría del vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, para requerirle al Congreso de Estados Unidos y a la administración Donald Trump que asignen los recursos necesarios para combatir el problema de seguridad y narcotráfico en Puerto Rico. La medida también sugiere una expresión senatorial de apoyo a la comisionada residente Jenniffer González para que la Isla reciba los mismos recursos que otras jurisdicciones en Estados Unidos.
“Es urgente que el Departamento de Seguridad Nacional aumente la asistencia y los recursos asignados a la Isla, para atender con premura el problema de falta de seguridad, en especial en las fronteras. No es suficiente con reconocer constantemente la grave situación por la que atraviesa Puerto Rico, hay que actuar con premura y destinar a la Isla los funcionarios federales y recursos que se necesitan para combatir efectivamente el narcotráfico”, expresó Seilhamer.
El portavoz de los populares en el Senado, Eduardo Bhatia, se expresó en contra del lenguaje que incorpora la medida y señaló que no debería tener un ánimo de “felicitación” al Ejecutivo por sus esfuerzos en combatir el crimen. Posteriormente, sugirió enmiendas en sala a la resolución, las cuales fueron derrotadas por la mayoría.
FUENTE: elvocero.com
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