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El Departamento de la Vivienda comisionó una auditoría externa a una firma privada para que evalúe todos los contratos con operadores de residenciales públicos y verifique que sus facturas y trabajo se hacen de manera correcta. Se espera que los resultados de esas evaluaciones estén listos entre uno y dos meses, informó el secretario de la agencia, William Rodríguez.
El funcionario explicó que en las auditorías internas y en las revisiones que ha hecho la Oficina del Contralor no se han encontrado irregularidades en el manejo de los residenciales públicos, incluyendo el trabajo que hacía American Managment, empresa propiedad de Walter y Eduardo Pierluisi Isern. Ambos, primos del gobernador Pedro Pierluisi, se declararían culpables hoy de cargos de corrupción a nivel federal en parte por actos relacionados a sus contratos con Vivienda.
“En ninguna de las monitorias o de las auditorías (se reflejó alguna irregularidad). Incluso el Contralor estuvo con nosotros viendo varios años -de nuestra administración y administraciones anteriores- y no reflejó el informe del Contralor, tampoco, ninguna situación sobre el particular. Todo esto se hace por muestreo. Todo depende del muestreo y hay veces que hay situaciones que son delictivas, y volvemos, estamos en la especulación porque no sabemos qué va a pasar (hoy en el tribunal federal). Muchas veces hacen unas auditorías, pero es difícil de reflejar y requieren una intervención investigación criminal, que fue lo que pasó en este caso”, indicó a la prensa.
Rodríguez agregó que las auditorías se hacen todos los años a todos los administradores, pero tomando un muestreo de sus informes para evaluarlos.
No obstante, mencionó que si la empresa Falcón Sánchez y Asociados, firma encargada de la auditoría externa, recomienda “controles adicionales” luego de concluido el examen a “la totalidad de las contrataciones”, se adoptarían.
El secretario dijo que no anticipa que haya acusaciones adicionales a empleados de la agencia que hayan colaborado de alguna forma con los Pierluisi Isern, en lo que se ha dicho que se trata de un esquema para inflar las facturas artificialmente que sometían al Departamento de Vivienda y cuando la agencia las pagaba, ellos cobran de vuelta el exceso para beneficio propio.
“No guarda relación con ningún funcionario. No hay información que relacione ningún empleado de nuestra administración o de administraciones pasadas inclusive de la información que hemos recibido. Cualquier actuación fue una actuación independiente en donde el departamento y la Administración de Vivienda Pública estaba ajena a esas actuaciones”, declaró Rodríguez.
El gobernador por su parte expresó que la declaración de culpabilidad de sus primos no tiene absolutamente nada que ver con sus campañas políticas y sostuvo que su campaña “fue auditada por el contralor electoral y la encontró en total cumplimiento con los requisitos de ley”.
FUENTE: elvocero.com
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