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A tono con los poderes que le confiere el nuevo Código Electoral, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, realizó tres nombramientos que conllevan un alza salarial, pese a que el organismo enfrenta escollos económicos que incluyen insuficiencia fiscal para pagar nómina y falta de dinero para costear las primarias locales y las elecciones generales.
Dávila Rivera nombró como director de Administración a José J. Pintor Santiago, quien previamente era su asesor. También cambió el rango de ayudante especial a ayudante ejecutivo de Juan Rosario Hernández, y a Manuel González Azcuy, que era subadministrador de la CEE, lo colocó como su ayudante especial.
Con la ubicación de Pintor Santiago como administrador de la CEE, Dávila Rivera desplazó a Carlos Cortés Díaz, quien ocupaba ese cargo como parte del balance político que debe haber en el ente electoral. Cortés Díaz, quien responde al Partido Popular Democrático, fue designado segundo administrador.
A preguntas de El Nuevo Día, Dávila Rivera reconoció que los cambios conllevan alzas salariales, pero rehusó ofrecer las cifras.
Los nombramientos se producen a menos de un mes de que se aprobara el Código Electoral que le da amplias facultades al presidente de la CEE para administrar el organismo electoral, dejando atrás el balance político en la dirección de algunas oficinas. El Código Electoral también faculta a Dávila Rivera a remover los vicepresidentes y subsecretarios de la CEE, lo que hizo menos de una semana después de haberse aprobado el nuevo ordenamiento electoral.
Dávila Rivera expuso, en un memorial explicativo previo a la aprobación del nuevo presupuesto de la CEE, que con la remoción de los vicepresidentes y subsecretarios de la CEE, se ahorró $550,000. Sin embargo, el año fiscal comenzó en julio y las personas removidas salieron de sus puestos en junio.
El aumento de sueldo para los nuevos nombramientos contrasta con el cuadro fiscal que exhibe la CEE y que ha sido discutido públicamente tanto por Dávila Rivera como por los comisionados electorales. La CEE y las Juntas de Inscripción Permanente tienen problemas en su planta física, carencias de personal, equipo y materiales. Además, la CEE arrastra un déficit en nómina de casi $6 millones y no cuenta con el dinero necesario o solicitado para organizar y realizar las primarias locales y las elecciones generales.
Dávila Rivera reiteró que pidieron $13.4 millones para las primarias locales y solo recibieron $5.4 millones. Sostuvo que, como necesitan empleados transitorios para trabajar con el ciclo electoral y no recibieron fondos para pagarlos, usarán fondos federales del llamado Cares Act para esos menesteres.
“Estamos por debajo (de los fondos requeridos), de conformidad con la última revisión, alrededor de $1.6 a $1.7 millones. Estamos viendo el presupuesto operacional y nosotros insistimos en nuestra petición, y estamos en comunicación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)”, dijo Dávila Rivera sobre las agencias encargadas de solicitar formalmente fondos para las instrumentalidades del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Respecto al dinero necesario para las elecciones generales, Dávila Rivera dijo que la JSF aprobó, dentro del presupuesto de la CEE para este año fiscal, que comenzó el 1 de julio, $9 millones para eventos electorales. La cifra es bastante lejana a los $22.5 millones que solicitó la CEE para cubrir los gastos de los comicios.
“El número está bajo revisión. Lo estamos analizando”, se limitó a decir Dávila Rivera cuando se le cuestionó qué hará.
A este cuadro se suma el costo que tendrá el plebiscito de status, que, según la Ley 51-2020, puede costar hasta $3.5 millones. El estatuto establece que la CEE debe gestionar, ante el Departamento de Justicia federal, la asignación de $2.5 millones reservados para un proceso de autodeterminación de Puerto Rico. La ley estipula que se aguardaría hasta el 30 de junio para una respuesta de Justicia federal.
“Se nos notificó que el Departamento de Justicia estaba revisando los documentos enviados. Esta comunicación la recibimos el 30 de junio. En vista de que nosotros hicimos la solicitud a principios de junio –a días de que se aprobara la ley y estando pendiente de revisión el asunto ante el Departamento de Justicia–, sabemos que lo más prudente es esperar un poco más a que ellos contesten formalmente la solicitud”, afirmó el presidente de la CEE.
“Si Justicia federal denegara la petición, haríamos la solitud formal a OGP y a Aafaf”, agregó Dávila Rivera.
FUENTE: elnuevodia.com
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