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De los 6,500 casos por desplazamiento que atendió Ayuda Legal Puerto Rico durante el 2022, el 70% -o 4,550- correspondían a mujeres jefas de familia, lo que, según la fundadora y directora de la organización, la licenciada Ariadna Godreau, las convierte en las principales víctimas de la desatención al impacto de los desastres y la pandemia por el COVID-19, así como del cierre de escuelas y el encarecimiento de la vivienda.
Ante ese panorama -uno muy similar al del 2021- y el avance de la inflación, Godreau anticipó que el derecho a la vivienda seguirá siendo golpeado este año. “Vamos a ver un recrudecimiento porque, cada vez, los casos son más precarios… de personas que tienen necesidad de lo más básico, y el techo termina siendo la última manifestación”, señaló.
“No dudamos también que vamos a estar viendo un alza en los casos que tienen que ver con desahucios, cada vez más rápidos, incluso, antes de llegar al tribunal, que es uno de los grandes riesgos. Aquí nos llega la gente con las cajitas de cartas porque no se atrevan a abrirlas, porque enfrentar ese proceso es devastador para cualquier familia”, afirmó Godreau.
La vivienda fue el problema principal de las personas acompañadas por la organización sin fines de lucro durante el 2022. Más del 50% de las 6,500 familias asistidas indicaron tener un ingreso anual menor de $15,000.“Estamos hablando de una población, por un lado, bien empobrecida y, por otro lado, principalmente de mujeres”, sostuvo.
Datos recopilados por la entidad mediante un censo realizado el año pasado revelaron que las mujeres, mayormente, habían visto su situación de alquiler afectada por los desastres y la falta de empleo. Dijeron, además, desconocer los programas de asistencia para el pago de renta.
“Cuando hablamos de la crisis de vivienda, cuando hablamos de la crisis del proceso de recuperación, de la falta de movilización de los fondos federales, necesariamente estamos hablando del impacto que está teniendo en jefas de familia, en mujeres, en las niñas, en las viejas”, sostuvo Godreau.
Cuestionan la transparencia
La licenciada Verónica González, coordinadora de litigio de Ayuda Legal, cuestionó la falta de agilidad que, a su juicio, ha habido en el desembolso de los fondos asignados para la recuperación del país por parte del Departamento de la Vivienda, así como la poca información disponible sobre el monitoreo del dinero.
Dijo, además, que supuestamente no han habido procesos de rendición de cuenta por parte de la agencia a pesar de las quejas que han trascendido de participantes del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) por problemas de construcciones y reparaciones deficientes.
“En tiempos de puentes acartonados, esto es un dato bien importante porque estamos viendo esa repetición de la falta de fiscalización, y fue una cosa que vimos bien marcada en el 2022″, dijo Godreau.
El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, discrepó y aseguró que, durante los años 2021 y 2022, se aceleró el proceso de reconstrucción. “Los números están ahí. Hemos aumentado las obligaciones y desembolsos, y hemos ido abriendo otros programas de mitigación para beneficio de la ciudadanía”, sostuvo.
En cuanto a las quejas relacionadas con el programa R3, Rodríguez indicó que toda denuncia y solicitud de reconsideración es “atendida diligentemente”. Dijo están en la mejor disposición de brindar cualquier información preservando la confidencialidad de los participantes.
“Y, si se requiere una acción correctiva, se toma, ya sea reparando o imponiendo alguna multa. Somos críticos en la ejecución de cada uno de los contratos”, señaló.
Los próximos pasos
Durante la conferencia, las abogadas compartieron su agenda de trabajo para este año, la cual estará enfocada en defender el derecho a permanecer en Puerto Rico, pero reforzando e integrando nuevas estrategias dirigidas a promover condiciones dignas para quienes desean permanecer en el país.
En el área de apoderamiento legal, dijo Godreau, ampliarán el alcance de su portal electrónico ayudalegalpr.org y, una de las herramientas que utilizarán para hacerlo es facilitar el acceso de la información allí publicada a la población de la Cárcel de Mujeres a través de un proyecto piloto con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
En el 2023, también esperan promover una política de relocalización justa y abogar por la apertura y el acceso equitativo de los programas para asistir a los afectados por los terremotos del 2020.
Igualmente, quieren darle continuidad al proyecto de “Paralegales Comunitarios”, iniciado en Loíza.
Otra meta es la publicación de los resultados del Censo de Alquileres Dignos, promover acciones legales para sancionar el discrimen en la vivienda y ampliar el Panel en Defensa de Alquileres Dignos.
Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria, dijo que, en el renglón de “Derecho a tu Casa”, continuarán dándoles atención a los casos de desalojos motivados por la violencia doméstica y promoverán la aprobación de legislación para enmendar la Ley 54, a los fines de reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica.
FUENTE: elnuevodia.com
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