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Los detalles de las mociones informativas que fueron presentadas simultáneamente el pasado lunes en los expedientes dentro del sistema electrónico del Tribunal federal, Distrito de Puerto Rico, de los casos del convicto empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado Montalvo quedaron restringidos al público.
En ambas instancias, el Ministerio Público solicitó al juez federal Raúl M. Arias Marxuach -quien tiene a su cargo ambos casos- que el acceso a los reportes fuera limitado exclusivamente a los participantes debido a la naturaleza del contenido de los documentos.
“El reclamo se encuentra relacionado a investigaciones en curso y potenciales testimonios de testigos del gobierno”, rezan los respectivos reclamos presentados en ambas instancias por el jefe de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, Corey R. Amunson, y el fiscal Nicholas Cannon.
En agosto del 2022, el juez Arias Marxuach autorizó a dejar vacante las vistas de sentencia contra Delgado Montalvo y Santamaría a solicitud del Ministerio Público luego de que ambos renunciaran a su derecho a ser acusados mediante un gran jurado para, en cambio, declararse culpables del mismo esquema de corrupción a través de un recurso de información.
Delgado dijo además que fue él quien acudió, por medio de su representación legal, al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) y que los agentes federales nunca fueron a su residencia o a la Casa Alcaldía.
El convicto exmandatario indicó que fue en noviembre de 2020 cuando comenzó oficialmente a colaborar con las autoridades y que, como parte del acuerdo, entregó los relojes Rolex Datejust, un Rolex Submariner, un Rolex "Pepsi" y un Vacheron Constantin.
Mientras, Santamaría destacó que fue a través de una ayuda de los también convictos empresarios Raymond Rodríguez y Mario Villegas que el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, le requirió un pago de $10,000 -un dólar por cada casa del pueblo- para que se concretara el otorgamiento de un contrato de recogido de basura para Waste Management.
Cabe destacar que Arroyo Chiqués acudió a las autoridades para confesar su participación en el esquema el día después de que se hiciera público que Santamaría y Delgado hicieron alegatos de culpabilidad en diciembre del 2021.
Rodríguez y Villegas también fueron piezas claves para la creación del esquema de sobornos por el cual hicieron alegato de culpabilidad el exalcalde de Trujillo Alto, Luis Cruz, y el vicealcalde de dicho municipio, Radamés Benítez.
Sobre este esquema, Santamaría recalcó que “en principio fue difícil” porque le pidieron $17,000 para asegurar el contrato, sin embargo, esta cifra aumentó luego a $20,000 y una semana antes del otorgamiento se le indicó que sería de $46,000 a lo cual accedió, pero en vez de entregar dinero en efectivo pagó con un cheque a la compañía de Rodríguez y Villegas, J.R. Asphalt.
Eventualmente, Santamaría se enteró de que Cruz y Benítez se quedaron con $17,000 y el resto -$29,000- fue a parar a manos de Rodríguez.
En cuanto a su participación en el juicio contra Pérez Otero, Santamaría aseguró que hizo pagos ilegales a Pérez Otero “para conseguir contratos y beneficios del municipio”,
Santamaría declaró que el esquema comenzó entre finales del 2018 y principios del 2019 y que realizaba pagos mensuales de $5,000 al exejecutivo.
Además de salir favorecido en las subastas y obtener contratos para la empresa Island Builders, el empresario detalló que recibía una serie de beneficios como ayuda de Pérez Otero para acelerar el pago de facturas, lo que le daba ventaja sobre otras compañías.
FUENTE: elvocero.com
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