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En el 2019, el banquero Julio Herrera Velutini le aseguró -por medio de intermediarios- a la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcedque tan pronto ella sacara de su cargo al comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, solo le tomaría 72 horas aportar una importante suma de dinero al comité de acción política (Super Pac, en inglés) que se creó específicamente por recomendación de él mismo para poder hacer sus donaciones.
Al menos así lo alegan las autoridades federales en el pliego acusatorio contra John Blakeman, quien coordinaba asuntos financieros de la campaña electoral de Vázquez Garced y se declaró culpable en marzo por un cargo que engloba los delitos de conspiración, soborno y ‘kickbacks’, como parte de un esquema estrechamente ligado a los siete cargos que se presentaron ayer contra la exgobernadora, Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.
Aunque Blakeman se declaró culpable el 31 de marzo, fue el miércoles por la mañana que los documentos relacionados a su caso se hicieron públicos. La vista de sentencia contra Blakeman, quien fuera administrador de Vivienda Pública bajo el gobierno de Pedro Rosselló, se reprogramó para el 5 de octubre.
Según el documento, Blakeman fue una de las personas que intervinieron a favor de Herrera Velutini, reuniéndose “en una o más ocasiones” con Vázquez Garced para pedirle que nombrara un nuevo director en OCIF. La persona que tomaría las riendas de OCIF debía cambiar los resultados de una auditoría en curso contra Bancrédito International Bank, propiedad de Herrera Velutini.
Ese mismo mes, Blakeman le indicó a Frances Díaz, presidenta del banco y coacusada en el esquema, que Vázquez Garced necesitaba el nombre de la persona que sustituiría a Joyner como comisionado de OCIF. Y el 29 de enero el ‘chief of staff’ de la gobernadora, identificado por las autoridades como individuo B, le envió un mensaje de texto a Blakeman asegurándole que ya la administración de la gobernadora trabajaba con el asunto.
Mientras tanto, la firma internacional de consultoría política que Herrera Veluti hizo disponible para la campaña y que haría una encuesta y otros trabajos de consultoría, cobraría medio millón de dólares, según le informó en un mensaje Blakeman al individuo B.
El pliego también establece que la exmandataria se reunió el 28 de febrero con Herrera Velutini, Blakeman, entre otras personas, en un “lujoso hotel” en Condado donde le hicieron una presentación a la entonces primera ejecutiva del trabajo que la firma internacional podía realizar para ayudarla en sus aspiraciones de mantenerse en la gobernación. Ese mismo día o poco después, asegura el pliego acusatorio, Blakeman le dijo a Vázquez Garced que Herrera Velutini pagaría por el trabajo que hiciera la firma.
Las autoridades encontraron al menos una factura de la firma sometida a Herrrera Velutini por concepto de un estudio “cualitivo y cuantitativo” para la campaña de Vázquez Garced por unos $350 mil que el banquero habría pagado.
Para tratar de ocultar el soborno, Blakeman ayudó a Herrera Velutini a canalizar el dinero a través de cuentas de banco de terceros que no se identifican.
A principios de mayo, cuando la firma entregó un primer estudio, Vázquez Garced nombró al nuevo comisionado en propiedad que fue la persona que le recomendó el banquero: Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido previamente consultor de Bancrédito.
Posteriormente, cuando la exgobernadora perdió la primaria contra Pedro Pierluisi, Herrera Velutini enfiló sus donaciones hacia las campañas de este y de su contrincante del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado.
Después de noviembre de 2020, cuando Pierluisi ganó la gobernación, el banquero llegó a desembolsar un primer pago de $25,000 a un Super Pac que todavía recaudaba fondos para el ya mandatario.
Sin embargo, el coordinador de ese Super Pac que recibió el dinero, identificado en el pliego como el testigo 1, estaba actuando como colaborador de la pesquisa federal y en ningún momento se comunicó con Pierluisi, aunque le hizo creer a Herrera Velutini y a Blakeman que el gobernador había accedido a intervenir en OCIF a cambio del donativo, establece el documento.
La otra parte del dinero que prometió Herrero Velutini se los darían al testigo 1 solamente cuando se cumplieran los cambios en OCIF, según le comunicó en un mensaje de texto el banquero a Díaz, su mano derecha en el banco.
Al declararse culpable por su participación en el esquema, Blakeman reconoce que, como parte del acuerdo, se le puede imponer el pago de una multa equivalente al valor total de los bienes sujetos a decomiso, aunque no se establece una cantidad particular.
Según las autoridades federales, si finalmente la auditoría de OCIF beneficiaba a Bancrédito, Blakeman recibiría beneficios económicos a cambio.
En cambio, si OCIF concluía su investigación con un informe negativo sobre las transacciones del banco, ello podría haber conllevado desde penalidades financieras que podían afectar el acceso del banco a realizar transferencias de fondos hasta perder su licencia para operar como una institución autorizada a tener negocios en Puerto Rico.
FUENTE: elvocero.com
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