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Para el grupo organizado de Bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica(Ad Hoc-AEE), la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a llegar a un acuerdo es infundada porque los cálculos que habría hecho su consultor principal, McKinsey & Co., están errados.
Asimismo, según el Ad Hoc-AEE, repetidamente, la JSF ha pintado un cuadro de “prejuicio negativo” en los planes fiscales de la corporación pública que incluyen riesgos, gastos operacionales y una caída en la demanda de electricidad en Puerto Rico que no se ha materializado.
Ambos señalamientos y otros están contenidos en dos documentos que el Ad Hoc-AEE y la JSF también intercambiaron durante el proceso de negociación que terminó sin éxito la semana pasada.
Según el Ad Hoc-AEE, aparte de los documentos de negociación que divulgó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), una vez la JSF radicó su propio Plan de Ajuste para la corporación pública (PDA-AEE), el organismo no quiso divulgar los documentos que habrían dejado a la luz, los errores de McKinsey y que también se habrían utilizado en las negociaciones.
No es la primera vez que acreedores imputan malos cálculos y proyecciones a McKinsey, la principal firma consultora de la JSF y que durante los pasados seis años se ha agenciado prácticamente 10 centavos de cada dólar pagado en asesores relacionados a la quiebra de la isla. Antes lo hicieron los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), cuando había controversia en torno a los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).
Asimismo, el directivo Justin Peterson, quien favorece la postura de los bonistas y se ha expresado en contra de que la JSF haya radicado un plan para modificar la deuda de la AEE sin conseguir el respaldo de estos, ha criticado la gestión de McKinsey y el gasto de la JSF en consultores y asesores.
Según el Ad Hoc-AEE, el ingreso por hogar que McKinsey utilizó en sus cálculos corresponde al año 2019 y este sería 9% más bajo que la mediana de ingreso anual en el 2021 y que se estimó en unos $24,117.
“No hay necesidad de hacer proyecciones en ingresos que son conocidos”, señalaron los bonistas al indicar que los estimados de ingreso de hogares provienen del Negociado del Censo del Estados Unidos.
Análisis y metodologías importadas de Inglaterra
De acuerdo con los documentos examinados por El Nuevo Día, como parte de las negociaciones, se utilizaron como referencia, metodologías que se emplean en el Reino Unido para determinar si un hogar se consideraría “pobre energéticamente” (”fuel poverty”) hablando y hasta patrones de consumo eléctrico en Estados Unidos.
El objetivo de todas esas discusiones y análisis era que los bonistas y la JSF llegaran a un acuerdo y pactaran un plan de pago considerando ciertas variables, entre estas, el ingreso de los hogares y el consumo de electricidad en Puerto Rico.
Ese consumo, que se refleja en la factura mensual de la electricidad que pagan los abonados, se combinaría con el “costo híbrido” que se impondría para pagar a los acreedores. La suma de esas dos cifras se divide por la mediana de ingreso mensual de los hogares para entonces determinar cuánto representaría el pago de la luz en el presupuesto de los abonados, lo que en inglés se describe como “share of wallet” o SOW.
Desde la perspectiva de McKinsey, en Puerto Rico, la factura de la luz en el ingreso de los hogares, es decir, el SOW, debe rondar un 6%.
Pero según los bonistas, cuando McKinsey hizo sus cálculos, utilizó el consumo eléctrico promedio de los hogares que estarían sujetos al cargo híbrido y dividió este por la mediana de ingreso de todos los hogares. Esto, a pesar de que según las discusiones, uno de los componentes que integran el cargo híbrido, es decir, el cargo fijo mensual no aplicará a hogares que participen la reforma de salud o reciban subsidios de la AEE.
“Es incorrecto mezclar medianas con promedios al calcular el SOW”, aseguraron los bonistas de la AEE.
De acuerdo con el grupo, que posee alrededor de la mitad de la deuda pública vigente de la AEE, tal error de cálculo tiene el efecto de inflar los estimados de consumo eléctrico o subestimar los ingresos del hogar y por ende, distorsionar la verdadera proporción del costo eléctrico en el ingreso de los hogares.
Según los bonistas, cuando se corrigen tales errores, la propuesta de los bonistas no era muy distinta a la que planteó la JSF.
En términos simples, cuando terminaron las negociaciones la semana pasada, la propuesta de la JSF equivalía a una recuperación de unos 71 centavos y la propuesta de los bonistas rondaba 74 centavos. Aunque la brecha parece pequeña, tres centavos puede traducirse en millones de dólares a lo largo de 30 años, que es el plazo mínimo que duraría el pago a los bonistas y por ende, el tiempo que se aplicaría el cargo híbrido en la factura de electricidad de hogares y empresas en Puerto Rico.
Pero el pasado viernes, 16 de diciembre, cuando la JSF radicó el PDA-AEE, echó a un lado su propia oferta de negociación e impuso un recorte de 48.5%, que ahora dependerá del proceso de evaluación y confirmación en el tribunal.
Ayer, Peterson acudió a su cuenta en Twitter para criticar a su homólogo y presidente de la JSF, David Skeel. Ello, una vez, el experto en Derecho de Quiebras indicó a este diario que la JSF puso fin a las negocaciones porque “los bonistas, simplemente, están pidiendo demasiado”.
“Así es cómo luce la ideología. Eso no es lo que dice la ley”, indicó Peterson.
En contraste, la mayoría de los integrantes de la JSF entendió que la propuesta de los bonistas no era factible por diversas razones, incluyendo el hecho de que esta contemplaba que el cargo híbrido aumentara con el paso del tiempo.
Además, la JSF alega que aparte de pagar la deuda reestructurada, a futuro, la AEE también tendrá que aplicar otros cargos en la factura de la luz.Entre estos, habría que adoptar un cargo para financiar las mejoras capitales que necesite la utilidad a través del tiempo; aportar el dinero que servirá de pareo a los fondos federales para la reconstrucción de la red -lo que podría rondar $500 millones- y se encara el riesgo de una nueva contracción en la población de Puerto Rico en el orden 11% en los años venideros.
La JSF expone también que puede haber otros impactos en la factura de la luz. Entre estos, una subida en los precios del crudo encarecería aún más el costo de la electricidad y un alza en el número de abonados, sean hogares o empresas, que prefieran generar su propia energía.
La visión “prejuiciada” de la Junta Fiscal
Pero según los bonistas, desde que en marzo pasado, el gobernador Pedro Pierluisi canceló el acuerdo pactado en el 2019, los precios del crudo han bajado 36%.
Además, el Ad Hoc-AEE denuncia que los asesores de la JSF insisten en que la demanda eléctrica caerá alrededor de 13% entre los años fiscales 2023 a 2027 y que desde el año 2018, los planes fiscales de la AEE presagiaban una caída en el consumo eléctrico en Puerto Rico.
En contraste, dice el Ad Hoc-AEE, desde el año fiscal 2019, la demanda de electricidad en Puerto Rico ha crecido aproximadamente 1.42%.
“El gobierno y la JSF destacan la asequibilidad eléctrica como la preocupación principal que motiva su propuesta de reestructuración. Sin embargo, cualquier aseveración y proyección acerca de asequibilidad debe cuestionarse a la luz de las repetidas y negativamente prejuiciadas proyecciones del gobierno y la JSF”, reza la propuesta de los bonistas.
FUENTE: elnuevodia.com
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