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La Cámara de Representantes dio paso a la resolución conjunta que tendría el efecto de posponer la implementación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa LUMA Energy hasta después del 15 de enero de 2022.
La Resolución Conjunta de la Cámara 88 (RCC88) pasará ahora a la evaluación del Senado y posteriormente a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.
La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue la voz opositora a la resolución, aunque reconocen que es necesario que se evalúe el contrato para proteger a los empleados de la autoridad. Los demás partidos se expresaron a favor.
Los novoprogresistas Juan Oscar Morales y Víctor Parés insistieron en la necesidad de que se privatice la AEE ante la situación económica que atraviesa la corporación pública.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, tuvo a cargo la presentación de la medida. “Esto tiene el propósito de que se le haga enmiendas al contrato de LUMA Energy y se protejan los intereses del pueblo. La Resolución Conjunta de la Cámara 88 establece que deben ser fundamentados y que se garantice una baja tarifaria y se evite el despilfarro de fondos públicos para favorecer intereses privados. También pide que se garantice por escrito el empleo de los empleados de la AEE”, expresó.
Torres cuestionó si la empresa está preparada para enfrentar la cercana temporada de huracanes porque el contrato “requiere integrar a LUMA Energy el sistema de transmisión y distribución”.
“Por todos los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación, resulta claro nuestra responsabilidad como legisladores de proteger los mejorares intereses del pueblo y que se requieran las enmiendas, al menos, porque desde mi punto de vista se debería cancelar”, agregó.
Atribuyen los problemas
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, culpó a las pasadas administraciones de gobierno por la situación de la AEE.
“Creo que hay un consenso sobre la precariedad de la AEE y sus problemas presupuestarios, pero también hay que dejar meridianamente claro que eso ha sido consecuencia de la criminalización de la AEE y del servicio público. Los que han administrado este país durante la existencia de la AEE son los que la han llevado a la quiebra”, expresó.
Márquez aludió a la investigación cameral sobre el contrato con LUMA. “Para que quede claro, aquí se hizo una investigación bien amplia y aquí nadie tiene que venir a aclararnos nada porque los que participamos del proceso investigativo conocemos el contrato y la barbaridad que representa para los mejores intereses del País”, afirmó.
Mientras que Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), consignó su voto a favor de la medida por tratarse de “una movida intermedia”. “Sigue la campaña mediática para hacer creer que necesitamos la privatización. Aquí tenemos esa campaña en contra de la AEE y de sus trabajadores. Sin embargo, no se ha procesado a los responsables del cartel del petróleo”, puntualizó.
FUENTE: elvocero.com
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