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Puerto Rico

Carmen Yulín Cruz reclama una moratoria de 10 años

Pide también a la Junta Fiscal que restaure subsidios que otorga el gobierno central a municipios

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe impulsar que se declare una moratoria de al menos 10 años en el pago de la deuda pública y debe reasignar los $350 millones que se quitaron a los municipios como parte del Plan Fiscal.

Además, cualquier paquete de ayuda que apruebe el Congreso estadounidense debe asegurar que el dinero para la reconstrucción tras el huracán María se distribuya entre los municipios y también debe incluir la derogación permanente de las leyes de cabotaje que rigen el transporte de carga marítima en la isla.

Eso reclama la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien está convencida de que “la recuperación de Puerto Rico tiene que hacerse de los municipios hacia arriba”.

“Es necesario reconstruir, pero también hay que repensar el país”, dijo Cruz a El Nuevo Día.

Cruz reconoció, por ejemplo, que es posible que hayan comunidades que tengan que ser relocalizadas, porque ubican en zonas poco seguras en eventos catastróficos. Agregó que si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe reemplazar postes de alumbrado, debe hacerlo utilizando luz solar o un sistema de iluminación más eficiente como el que promete el llamado “posterriqueño”, la propuesta de un grupo del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Moratoria y cabotaje

En el fin de semana, Cruz entró en un careo con el presidente Donald Trump, quien visita Puerto Rico hoy, señalando que la respuesta del gobierno federal ha sido tardía e insuficiente. Trump ripostó a Cruz y ello le valió a la alcaldesa una llamada de la influyente senadora demócrata Elizabeth Warren, quien ha expresado su interés de asistir a la isla.

En entrevista con El Nuevo Día, la alcaldesa volvió a criticar a Trump, quien a través de su cuenta de Twitter dejó entrever que el endeudamiento de Puerto Rico habría impedido auxiliar a los damnificados por el huracán.

“Quién la va a pagar (la deuda)... creo que como mínimo tiene que haber una moratoria de 10 años, una generación”, dijo Cruz.

Según Cruz, aparte del saldo adverso que el huracán María tendrá en muchas empresas en la isla, las decisiones del gobierno central para atender la emergencia y aquellas de la JSF han afectado a los municipios, cuando son estos “la primera línea de defensa” de la ciudadanía.

“Yo he estado de acuerdo con la decisión del gobernador de quitar el IVU (Impuesto a la Venta y Uso), pero cada vez que se quita el IVU, se le quitan ingresos a los municipios”, dijo Cruz.

El Plan Fiscal que, sin duda, será modificado tras el paso del huracán, eliminó los subsidios que otorgaba el gobierno a los municipios en un plazo de dos años. En total, se recortarían $350 millones en dos años. En el caso de San Juan, la decisión supone la pérdida de $42 millones entre los años fiscales 2017 y 2018.

“Si por lo menos eximiéramos de las leyes de cabotaje totalmente para diésel, gasolina y productos que tienen que ver con la generación de energía, eso es un gran respiro”, señaló la alcaldesa al agregar que espera que el Congreso tome una acción definitiva en el tema.

FUENTE: endi.com

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