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Para que el gobierno pueda cumplir con el plan fiscal aprobado por la Junta Federal de Control Fiscal, depende en parte de que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) pueda recoger $251 millones durante este año fiscal. El organismo compuesto por los municipios no cuenta aún con estos fondos y el proceso para recogerlos apenas comienza.
El organismo, sin embargo, decidió que no aumentará los impuestos sobre las propiedades en Puerto Rico. En cambio, optará por registrar propiedades que no contribuyen al CRIM y revisar aquellas estructuras que tienen exenciones, para ver si, en efecto, ameritan gozar de las mismas. En Puerto Rico, casi la mitad de las propiedades tienen algún tipo de exención en el pago del CRIM.
El presidente del CRIM, el alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, aseguró que podrán recoger los fondos que necesitan y se mostró incluso confiado en que levantarán más del dinero proyectado. En total, el CRIM debe recaudar $175 millones para repartir entre los municipios y subsanar los $350 millones que el gobierno les recortó en subsidios. Deben recoger además otros $76 millones que son parte del plan fiscal.
El CRIM estima que hay unas 34,204 propiedades sin registrar y que no le pagan dicho impuesto municipal. El organismo estima además que tiene $1,300 millones en deudas sin cobrar que datan desde 1974 hasta el presente.
“Nosotros no hemos considerado ni estaremos considerando un aumento en la tasa contributiva a nivel general ni tampoco estamos considerando cambiar el método de valoración de las propiedades. Es nuestro convencimiento que no es el momento para enfrascarnos en este tipo de iniciativas”, afirmó.
El CRIM opera con tasaciones basadas en los valores de 1958. Esto implica que una casa que hoy día puede costar $250 mil, para efectos del CRIM tiene una tasación de $25 mil. Atemperar estas tasaciones, dijo Carrasquillo, implicaría que los ciudadanos estarían pagando diez veces lo que pagan hoy en impuestos al CRIM.
“Tendría un impacto económico devastador porque la gente no va a poder pagar sus casas. Va a tener un efecto en el mercado de venta de propiedades, porque la gente no va a poder asumir esa responsabilidad contributiva”, indicó. “Por lo tanto, eso no es una solución”.
Las contribuciones al CRIM estuvieron en la mirilla del actual gobierno desde el principio. Cuando en un principio se comenzó a discutir el plan fiscal y las opciones de reducir la jornada laboral, una de las alternativas que se mencionó fue la de obtener el dinero necesario de los impuestos sobre propiedades.
Exenta casi la mitadde las propiedades
Carrasquillo mencionó que el 49% de las propiedades en la Isla no pagan los impuestos al CRIM porque tienen algún tipo de exención. Dijo que cuentan ahora con tecnología para identificar si estas propiedades ameritan este beneficio. Por ejemplo, dijo, se puede revisar si una propiedad que tenga exención por ser vivienda única en realidad tenga varias cuentas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), lo que implicaría que se está usando como apartamentos o como comercio.
“Por eso es que nos estamos enfocando más en estos esfuerzos que, sin agravar la condición y la carga del contribuyente, podemos conseguir el dinero. Tomemos en consideración que del millón 200 mil propiedades que hay registradas en el CRIM, el 49% están exoneradas, no pagan”, dijo. “La carga recae en un 51% de los dueños de propiedades”.
Habló además de mejorar los procesos en el CRIM para, por ejemplo, agilizar las tasaciones que están en lista de espera y facilitar el pago de contribuciones.
“Hay casos de contribuyentes que su propiedad no ha sido tasada o en su terreno no se ha hecho la segregación y esas propiedades no están tributando. Hay gente que nos pide que la tasemos para empezar a pagar”, expresó Carrasquillo.
El alcalde habló además de la posibilidad de vender la cartera de cuentas por cobrar que tiene el CRIM, que ronda los $1,300 millones.
“Estamos conscientes que no toda la deuda es cobrable, pero se han hecho algunos estimados que rondan que de esa cantidad podemos cobrar entre $600 y $800 millones. Estamos contemplando dos posibilidades: una es vender la cartera y otra es cobrar la deuda; y estamos contemplando una serie de compañías para cobrar esa deuda vieja”, afirmó, para agregar que “es deuda que data de 1975 a 2014 y sabemos que mucha no va a poder ser cobrada, pero se estima que hay una que sí”.
FUENTE: vocero.com
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