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Aunque hay asuntos que aun requieren atención, las enmiendas aprobadas por el Tribunal Supremo al “Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio”, atiende las principales reservas que había levantado la clase togada del país desde antes que el documento entrara en vigor en enero del 2020.
Así lo reconoció el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Manuel Quilichini. “Los issues que quedan son issues importantes. No te puedo decir que sean críticos o no, pero estoy confiado que vamos a poder llegar a unos acuerdos satisfactorios para todas las partes envueltas”, indicó el licenciado en entrevista con El Nuevo Día.
Quilichini explicó que las enmiendas anunciadas por el máximo foro judicial del país atienden principalmente el área de “voluntariedad”. “Muchos abogados dicen: ‘yo no quiero trabajar de gratis o por una compensación baja’ y lo que el Tribunal Supremo hizo fue crear dos categorías, el servicio voluntario y el servicio involuntario”, detalló.
Tras los cambios aprobados, los abogados que decidan formar parte del registro voluntario de abogados de oficio van a recibir una compensación de $80 desde la primera hora de servicio en el caso asignado. Mientras, el que decida no inscribirse en el registro recibirá una paga de $60 la hora desde el momento que cumpla 30 horas de servicio gratuitas.
Además, se enmendaron las disposiciones sobre relevos por justa causa, cuya enumeración se hace constar no es taxativa, incluyendo establecer un tope de tres asignaciones de oficio por año fiscal para aquellos abogados y abogadas cuyas asignaciones de oficio hayan requerido la prestación, en el agregado, de más de 50 horas de servicio conforme al reglamento.
También se extendió a los abogados y abogadas de 68 años la causa de exclusión del banco de abogados de oficio por razón de edad, fijada anteriormente en 70 años. “El Tribunal está buscando la forma de estimular la participación en el servicio pro bono y eliminar la objeción de no quiero trabajar de gratis. Los números que han puesto van hacia eso”, dijo Quilichini.
“Es bien positivo para los abogados porque hay abogados que económicamente no están de lo mejor y con esta oferta de $80 matas dos pájaros de un tiro, porque das el servicio pro bono y, al mismo tiempo, el abogado tiene una fuente de ingreso respetable”, agregó.
A finales del 2019, el Colegio de Abogados y Abogadas radicó una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico impugnando la validez constitucional del documento. Entre los argumentos levantados estaba que el reglamento obligaba a los abogados a ofrecer representación legal gratuita en casos de naturaleza civil y penal.
Entonces, el tribunal ordenó un proceso de mediación, el cual se ha sostenido por estos años, dijo Quilichini. La vista del caso en su fondo está pautada para el próximo mes de marzo. “En lo que el hacha va y viene hemos estado negociando. No puedo entrar en detalle porque la orden del juez fue que el proceso se mantuviese confidencial, pero lo que sí te puedo decir es que ha habido bastante progreso con respecto a distintas áreas del reglamento”, expresó.
De haber un acuerdo en todas las áreas en discusión antes de marzo del año próximo, la controversia se tornaría académica. “Estamos esperanzados en que vamos a llagar un acuerdo y que termine esta controversia”, apuntó.
FUENTE: elnuevodia.com
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